Más de un centenar de personas se han movilizado en la mañana de este viernes en el Puertito de Adeje pidiendo nuevamente la paralización del macro complejo turístico Cuna del Alma.
Tambores, banderas y carteles-protesta han protagonizado una jornada en la que han estado representadas asociaciones y colectivos ecologistas junto a vecinos y ciudadanos. La protesta partió a las 11:30 horas de la avenida Playa Paraíso y finalizó en el Puertito.
Unas movilizaciones contra el futuro complejo turístico que no cesan y que, según han confirmado representantes de los manifestantes, la intención es intentar elevar la situación al Congreso de los Diputados. Entre las últimas acciones llevadas a cabo se encuentra la ampliación de la denuncia registrada a finales de julio contra el proyecto, en la que los denunciantes aportaron nuevas pruebas sobre "irregularidades urbanísticas".
Motivos
En esta nueva concentración los convocantes piden la paralización de las obras y que se investigue "profundamente" cómo se ha llevado a cabo el proceso de documentación, licencias y permisos "que han hecho posible que este ecocidio esté saliendo adelante con la complicidad de políticos y autoridades”, denuncian.
Afirman que existe nueva documentación que están recabando para poder ampliar otra vez la denuncia. “Es un lugar de interés geológico que están destruyendo. No podemos permitir que sigan adelante sin que nadie ponga freno”, reclaman. En este sentido afirman que continuarán con las manifestaciones y concentraciones, así como moviéndose a nivel judicial.
Denuncia y ampliación
Al proyecto lo ha caracterizado la controversia desde su comienzo por diversos motivos ambientales, patrimoniales, legales y sociales. Antes de la manifestación del viernes, los colectivos ampliaron su denuncia penal en el Juzgado de Adeje por ocho delitos, en los que incluyen al alcalde de Adeje, José Miguel Fraga, y al promotor.
En esta ampliación señalan que la Junta de Compensación habría actuado "antes de contar con la aprobación del pleno"; el acoso a la familia Galindo, propietaria de una nave histórica de empaquetado de tomates protegida como Patrimonio Industrial y cuya demolición está prohibida, así como la ejecución de "obras ilegales en una zona de servidumbre de protección costera sin autorización de la Dirección General de Costas", hechos que podrían constituir un delito contra el medio ambiente y la ordenación del territorio.