Después de exigir la paralización por la vía de la presión social y por la vía administrativa, un colectivo ecologista y ciudadano ha recurrido ahora a la vía penal para intentar frenar el proyecto Cuna del Alma y depurar posibles responsabilidades penales entre los implicados.
Este jueves, un grupo de representantes de diversos colectivos, así como ciudadanos particulares, han presentado ante el Juzgado de Instrucción de Guardia de Arona una denuncia penal contra los “promotores políticos y empresariales” del proyecto.
Los delitos
En total, los denunciantes observan hasta ocho delitos cometidos a lo largo del proceso de construcción: prevaricación urbanística, fraude a la administración, tráfico de influencias, corrupción entre particulares (cohecho privado), administración desleal, falsedad documental y falsedad ideológica en documento público, omisión del deber de perseguir delitos y prevaricación por omisión, así como delitos contra el patrimonio natural y el medio ambiente.
Por todo ello, solicitan la adopción de medidas cautelares, “en especial la suspensión provisional de las obras del proyecto Cuna del Alma, para preservar los bienes jurídicos afectados y evitar un perjuicio irreparable mientras se desarrolla la instrucción”, según recoge la propia denuncia.
La estructura
El documento se estructura en tres bloques: “las graves irregularidades en el funcionamiento y control de una Junta de Compensación del siglo pasado reactivada en 2020 para este desarrollo urbanístico”; "el falseamiento sistemático de compromisos medioambientales e históricos utilizado como herramienta para obtener autorizaciones administrativas y aceptación vecinal”; y "la negativa del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife a actuar en defensa del patrimonio ecológico y el interés general, cuando han sido requeridos para ello en relación con el proyecto Cuna del Alma”.
En un comunicado remitido por el Tagoror Permanente Rotativo de El Puertito de Adeje, se considera que ha existido “connivencia o inacción” por parte del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias, lo que, advierten, “pudiera apuntar a una trama de corrupción urbanística sistémica de notables dimensiones”.
Responsabilidad local
No obstante, desde el Tagoror se señala especialmente al Ayuntamiento de Adeje, al que acusan de haber sido la principal administración que ha amparado la construcción. El consistorio permitió, por ejemplo, que se iniciaran las obras sin contar con el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente. Aunque el Gobierno de Canarias abrió un expediente al respecto, este fue posteriormente archivado tras el cambio de gobierno, con la promesa de que se reabriría el procedimiento “desde cero”.
“Se denuncia una permisividad institucional escandalosa que comienza por el propio Ayuntamiento de Adeje, completamente ausente de las funciones fiscalizadoras a las que la ley le obliga, lo que ha derivado en decisiones urbanísticas de la promotora altamente cuestionables —por no decir delictivas”, apunta el colectivo.
Valor del entorno
En este sentido, recuerdan que la construcción de este macrocomplejo turístico se está llevando a cabo “sobre suelos de alto valor ecológico, geológico y arqueológico”, pese a que “existen informes técnicos, denuncias previas, medidas cautelares, avisos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, y hasta un Plan Parcial ignorados continuamente por las autoridades responsables”.
“Lo que está ocurriendo en Adeje no es un simple conflicto urbanístico: es un ataque directo al territorio, a la legalidad y al bien común”, denuncian desde el Tagoror, que reclama “responsabilidades ya, tanto políticas como penales”, según ha declarado una de las portavoces de los colectivos denunciantes.
Este Tagoror es fruto de la unión de personas afectadas por las expropiaciones derivadas del proyecto Cuna del Alma, como la familia Galindo, así como de colectivos como Rebelión Científica Canarias, la Asociación de Taxistas Asalariados de Costa Adeje y La Gaveta 20A.
Otras investigaciones
Si finalmente se admite a trámite esta denuncia, supondrá un nuevo procedimiento judicial abierto por parte del movimiento ecologista contra el proyecto. Cabe recordar que el colectivo Salvar el Puertito ya presentó anteriormente una denuncia ante la Fiscalía por presuntos delitos contra el patrimonio.