El empresario que denunció hace meses a la propiedad del centro comercial Safari de Tenerife ha presentado un recurso de reposición (al que ha tenido acceso Atlántico Hoy) contra la licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento de Arona para la reordenación y ampliación de locales en el centro.
El recurso fue registrado el 28 de agosto y se dirige contra la licencia tramitada en el expediente 31/2025/PR120, vinculada a la Resolución municipal 2026/5398 y al acuerdo de la Junta de Gobierno Local del pasado 28 de julio. La promotora de la actuación es Atimos Canaria, S.L.U., entidad titular del inmueble.
El cartel de obra instalado en el centro identifica el proyecto como una “reordenación y ampliación de locales” y lo califica como obra mayor. También establece un plazo de seis meses para comenzar los trabajos y de 36 meses para finalizarlos.
Un recurso centrado en la falta de acceso al expediente
La impugnación se fundamenta en la supuesta indefensión provocada al empresario denunciante por la falta de acceso al expediente administrativo completo. Este sostiene que desarrolla una actividad comercial en el Safari como arrendataria y que las actuaciones autorizadas pueden afectarle directamente por la modificación de superficies, pasillos, accesos, recorridos y zonas comunes.
Según el recurso, el 6 de agosto solicitó formalmente una copia íntegra del expediente, incluidos los informes urbanísticos y jurídicos, la propuesta de resolución, el proyecto diligenciado y los planos sellados. La petición habría sido reiterada posteriormente por vía presencial y mediante varios requerimientos, sin que hasta el 28 de agosto se hubiera facilitado la documentación.
Sin conocimiento de la licencia
La mercantil propiedad del denunciante considera que esta situación le impide conocer el alcance real de la licencia y comprobar cuestiones como las superficies autorizadas, los incrementos de edificabilidad u ocupación, las afecciones a pasillos y accesos, las condiciones de evacuación o la correspondencia entre las obras y el proyecto aprobado.
Por este motivo, solicita al ayuntamiento que entregue inmediatamente el expediente completo y le permita ampliar sus alegaciones antes de resolver el recurso. Si no se le facilita esa documentación, pide que se declare la nulidad de la licencia y que el procedimiento se retrotraiga para concederle audiencia y dictar un nuevo pronunciamiento motivado.
El precinto de marzo afectó al cerramiento de los pasillos
El conflicto se remonta, al menos, a febrero de este año. Como ya informó Atlántico Hoy en abril, el empresario presentó varias denuncias por unas obras que, según sostenía, se estaban ejecutando presuntamente sin licencia y podían aumentar la superficie comercial del complejo mediante el cerramiento de pasillos y otras zonas.
La resolución municipal del 20 de marzo por la que se precintaron las obras expone que el Ayuntamiento recibió seis denuncias entre el 24 de febrero y el 18 de marzo. También recoge dos actuaciones de la Policía Local que informaron sobre el cerramiento de los pasillos sin que constara entonces un título habilitante.
El Ayuntamiento ordenó como medida provisional la suspensión inmediata y el precinto de las actuaciones consistentes específicamente en el cerramiento de esos pasillos. La resolución también requirió a la Policía Local que colocara los precintos, aportara un reportaje fotográfico y vigilara su cumplimiento, además de ordenar que la suspensión se comunicara al Registro de la Propiedad respecto de la finca registral 56.754.
La resolución tenía carácter provisional y daba diez días a la propiedad para presentar alegaciones. Para reconstruir completamente lo sucedido posteriormente resulta necesario conocer la resolución que mantuvo, modificó o levantó la medida, así como las diligencias de retirada de los precintos.
La Junta de Gobierno Local concedió la nueva licencia el 28 de julio. De acuerdo con la documentación aportada por el denunciante, las obras se habrían reanudado el 20 de agosto, después de la retirada de los precintos.
Una denuncia paralela por la posible afección a zonas C3
Además del recurso contra la licencia, el denunciante ha abierto una vía ambiental y territorial ante la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. El 26 de agosto registró una denuncia en la que solicita una inspección urgente y la delimitación oficial de las superficies clasificadas como C3 —“otros espacios libres, senderos y zonas verdes”— dentro o en el entorno de la parcela del centro comercial.
El denunciante pide que se elabore una superposición georreferenciada entre la parcela, el ámbito edificable B3-6, las zonas C3 y las unidades de obra ejecutadas. Solo en caso de comprobarse una afección o una discordancia con la licencia, solicita la paralización cautelar de las actuaciones concretas afectadas, sin pedir la cancelación automática de todo el permiso municipal.
Entre los indicios que pretende que se estudien figura una diferencia entre los 5.088,13 metros cuadrados atribuidos al ámbito B3-6 en un Estudio de Detalle de 2001 y los 8.664 metros cuadrados que aparecerían como superficie de parcela en documentación parcial del proyecto. El propio denunciante reconoce que esa diferencia no demuestra por sí sola una invasión de zonas C3 y reclama que sea aclarada por técnicos competentes.
Quejas anteriores por la falta de información
La falta de acceso al expediente ha sido uno de los ejes de las denuncias del empresario desde hace meses. Este ya había acudido al Diputado del Común y posteriormente al Defensor del Pueblo, alegando que el Ayuntamiento no le facilitaba la documentación necesaria para comprobar la legalidad de las actuaciones.
Por su parte, Atimos Canarias (propietaria del Safari) manifestó en abril a Atlántico Hoy que las obras contaban con cobertura urbanística, que había impugnado la orden de suspensión y que la controversia se encontraba pendiente de resolución administrativa o judicial. La propiedad también defendió su colaboración con el Ayuntamiento y la Policía Local y rechazó que pudiera presentarse como definitivamente acreditada una ilegalidad que seguía siendo objeto de discusión.
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