El denunciante del centro comerical Safari de Arona (Tenerife) va a por todas. Tras haber denunciado hasta en 25 ocasiones lo que considera un aumento ilegal de la superficie comercial del centro y haber acudido a la Diputada del Común para quejarse de que el Ayuntamiento de Arona no le entrega el expediente del caso, ahora ha hecho lo propio ante el Defensor del Pueblo, el equivalente a la Diputación del Común pero a nivel estatal.
En un escrito al que ha tenido acceso Atlántico Hoy, fechado a 15 de mayo de 2026, el denunciante expone que "desde hace más de dos meses" viene "solicitando al Ayuntamiento de Arona acceso al expediente administrativo relativo a las obras ejecutadas en el Centro Comercial Safari, obras que fueron precintadas por dicho ayuntamiento mediante Resolución nº 1989 de fecha 23/03/2026, por presuntas irregularidades urbanísticas", pero no se lo entregan.
Verificar la legalidad
"Pese al tiempo transcurrido, el ayuntamiento continúa negando o retrasando injustificadamente el acceso a dicha documentación, impidiendo el ejercicio de mis derechos e imposibilitando verificar si se está cumpliendo la legalidad urbanística y si se están adoptando medidas reales de restauración de la legalidad", añade el demandante.
Destaca también que "el acceso al expediente resulta esencial para poder ejercer el derecho reconocido a cualquier ciudadano a exigir la observancia de la legalidad urbanística y controlar la actuación administrativa en asuntos que afectan al interés público".
Sus demandas
El denunciante pide al Defensor del Pueblo lo mismo que a la Diputada del Común: que facilite copia de la resolución por la que se precintó parte de las obras, el informe sobre la calificación urbanística vigente de la parcela, que se le permita el acceso y obtención de copia íntegra del expediente administrativo relativo a las obras ejecutadas en el centro y que se garantice el cumplimiento efectivo de la legalidad urbanística y la debida tramitación del expediente de disciplina urbanística correspondiente.
Este denunciante sostiene desde el principio que en el centro comercial se están realizando, entre otras obras, cerramientos presuntamente ilegales de zonas comunes y zonas libres, como por ejemplo los pasillos interiores del centro, incorporando su volumetría a determinadas tiendas, que pasarían a ganar supuestamente metros comerciales a costa de partes que no deberían ser usadas para este fin.
Aunque el Ayuntamiento de Arona precintó paste de las obras, este denunciante ha insistido en los últimos meses en que se han continuado haciendo obras en algunas partes que consiguieron tapiarse del todo, accediendo a ellas a través de establecimientos privados. Esto, que ha sido denunciado reiteradamente, no ha sido probado por parte del denunciante.
Sin respuesta del ayuntamiento
El Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona no ha atendido las consultas de Atlántico Hoy para ninguno de los artículos publicados sobre este tema (tampoco para este), pero, en declaraciones para otros medios, el concejal al frente del área, Javier Baute (PP), explicó que aseguró que no iba a "tolerar presiones" y que iba "a aplicar la normativa, exactamente igual que con cualquiera de las 1.700 infracciones urbanísticas que hay en Arona, pero se hará cuando le toque".
Por su parte, la empresa dueña del centro comerical, Atimos Canarias SL, propiedad del empresario indio Shyam Aswani, sí respondió a las consultas de este medio y afirmó: "Tras varias visitas de la Policía Local motivadas por denuncias sobre las obras que se estaban ejecutando en el Centro Comercial, el Ayuntamiento de Arona dictó el 20 de marzo de 2026 una resolución acordando la suspensión y el precinto de las obras. El Centro Comercial Safari ha impugnado dicha resolución en vía administrativa al considerar que las obras afectadas cuentan con la preceptiva cobertura urbanística y que el precinto alcanzó también a trabajos no incluidos en la propia resolución. La controversia sobre el título habilitante y sobre el alcance de la medida municipal se encuentra actualmente pendiente de resolución en vía administrativa y, en su caso, jurisdiccional".