Más energía renovable. Esa es la receta que la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT) ha encargado al Consejo Insular de Aguas de Tenerife en su impulso de la Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) del Valle de Güímar. La comisión ha analizado el proyecto que busca garantizar la producción de agua desalada en la comarca, concluyendo que puede continuar su tramitación sin someterse a una evaluación ambiental ordinaria. Sin embargo, ha detectado una deficiencia en el consumo energético y requiere que se subsane.
La instalación está concebida para reforzar el abastecimiento hídrico en los municipios del Valle de Güímar mediante una producción inicial de 14.000 metros cúbicos diarios de agua desalada, ampliables en una segunda fase. El proyecto incluye además las infraestructuras de captación, almacenamiento, bombeo y distribución necesarias para su funcionamiento.
Más renovables para reducir la huella climática
Uno de los principales aspectos sobre los que incide la CEAT es el elevado consumo energético asociado a la desalación de agua de mar. En los informes incorporados al expediente se advierte de que la instalación proyectada no aprovecha plenamente las posibilidades existentes para contribuir a la transición energética y reducir las emisiones asociadas a su funcionamiento.
Por ello ha incluido una serie de condicionantes ambientales para su visto bueno, incidiendo principalmente en la producción energética, dado el alto consumo de electricidad de las desaladoras.
Lo que recomienda es incrementar la generación fotovoltaica asociada a la instalación, analizar instalaciones renovables adicionales en parcelas cercanas, explorar fórmulas de autoconsumo compartido, incorporar sistemas de almacenamiento mediante baterías o introducir mejoras continuas de eficiencia energética durante la explotación.
También requiere un control sobre consumo energético, la intensidad de carbono, el porcentaje de cobertura renovable y la evolución del autoconsumo.
Cambios en el sistema de vertido al mar
La comisión también incide en la salmuera que va a generar la estación desaladora. Se trata del residuo salino que se genera al desalar el agua y que va a ser desechado al mar mediante un emisario submarino. La Comisión obliga a modificar el diseño inicialmente planteado para incorporar eductores Venturi, destinados a favorecer una dilución más rápida del vertido y reducir la concentración de sal en el entorno inmediato.
Según recoge el expediente, esta solución permitirá minimizar los posibles efectos sobre los ecosistemas marinos y mejorar la dispersión de la salmuera antes de que alcance el fondo marino.
Vigilancia sobre las praderas marinas
El acuerdo también obliga a reforzar el programa de seguimiento ambiental durante la fase de explotación. Entre otras medidas, deberán realizarse controles periódicos sobre el funcionamiento del emisario submarino, la dilución de la salmuera y el estado de las comunidades biológicas situadas en las proximidades del punto de vertido.
La CEAT establece además estaciones específicas de vigilancia sobre las praderas de Cymodocea nodosa, una fanerógama marina protegida y considerada uno de los hábitats más sensibles del litoral canario.
Reutilización de tierras y residuos
La resolución introduce igualmente criterios de economía circular para la ejecución de las obras. El promotor deberá revisar el plan de gestión de residuos con el objetivo de reutilizar la mayor cantidad posible de tierras y materiales sobrantes, justificando el destino final de los excedentes y priorizando su aprovechamiento frente a su eliminación. Asimismo, deberá acreditar posteriormente qué volumen de materiales fue reutilizado y cuál terminó siendo gestionado como residuo.
Seguimiento ambiental permanente
La Comisión exige además la comunicación formal del inicio de las obras y la remisión periódica de informes de vigilancia ambiental durante el desarrollo y explotación de la infraestructura. Estos documentos deberán recoger la evolución de las medidas correctoras y los resultados obtenidos en el control del vertido y del medio marino.
Con esta decisión, la CEAT concluye que la desaladora puede continuar su tramitación ambiental sin necesidad de una evaluación ordinaria, aunque condiciona su desarrollo a la aplicación de medidas adicionales para reducir su impacto energético y garantizar la protección de los ecosistemas marinos del litoral de Güímar.