La gestión del espacio natural más importante del Archipiélago inicia el año 2026 marcada por la controversia legal. Coincidiendo con la publicación oficial del traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias al Cabildo de Tenerife, materializada en el Decreto 214/2025, el movimiento ecologista ha cumplido su advertencia.
Una amplia alianza de colectivos ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el Decreto 182/2025, la normativa que aprobó recientemente el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide.
Batalla legal por el Teide
La presentación de esta impugnación judicial abre un nuevo escenario de incertidumbre sobre la regulación del parque. Las organizaciones demandantes, entre las que se encuentran referencias históricas del ecologismo canario como ATAN o la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello, sostienen que el documento final del PRUG adolece de graves defectos de fondo.
Según argumentan en su escrito, la aprobación del plan se produjo tras una tramitación dilatada en la que el Cabildo de Tenerife habría retenido el documento durante más de un año para presionar al Ejecutivo regional.
El objetivo de esta supuesta maniobra, denuncian los recurrentes, habría sido modificar el texto resultante de la participación pública para introducir "rebajas a la carta" en la normativa ambiental. Los ecologistas alertan de que el nuevo marco regulatorio permite usos y actividades que no se alinean con la conservación del Parque Nacional, lo que podría agravar los problemas de saturación y colapso que ya sufre el entorno volcánico.
Un modelo en entredicho
El recurso no solo ataca los aspectos técnicos del decreto, sino que cuestiona la filosofía de gestión que, a su juicio, se pretende implantar. Los colectivos advierten de un cambio de paradigma que busca convertir el símbolo natural de la Isla en un "parque temático", priorizando la explotación turística sobre la preservación de la biodiversidad. Esta visión contaría, según la denuncia, con la complicidad del Gobierno de Canarias al haber cedido a las exigencias insulares.
Asimismo, las asociaciones han criticado duramente la estrategia de comunicación institucional desplegada por la presidencia del Cabildo. Califican las recientes campañas promocionales en medios y redes sociales como operaciones de lavado de imagen destinadas a ocultar el impacto ambiental real de las medidas aprobadas. Recuerdan, además, la oposición institucional a protestas ciudadanas previas que intentaban visibilizar la degradación de zonas como La Herradura.
Alianza de veinte colectivos
La acción judicial cuenta con un respaldo masivo dentro del tejido asociativo de las Islas. El frente común está compuesto por entidades de diversas islas, incluyendo a la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, Salvar La Tejita, la Asociación de Agricultores de Fuente Nueva y plataformas como Lanzarote Tiene un Límite o Salvar Chira-Soria.
Desde este movimiento aseguran que el recurso contencioso es solo el primer paso de una batería de acciones para frenar lo que consideran un retroceso histórico en la protección del Teide.