Infografía del proyecto de The Cliff en Arona. / PROYECTO
Infografía del proyecto de The Cliff en Arona. / PROYECTO

Ecologistas recurren a la Comisión Europea para paralizar dos urbanizaciones de lujo en Tenerife

Los proyectos, conocidos como The Cliff y Edificio Gara, se proyectan en la Montaña de Guaza, uno de los pocos enclaves donde todavía vive el lagarto gigante de Tenerife

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Los colectivos ecologistas de Tenerife han recurrido a la Comisión Europea para paralizar dos urbanizaciones de lujo que se están impulsando en el municipio de Arona, al sur de la isla, en un espacio que afecta a zonas de protección ambiental. Los proyectos, conocidos como The Cliff y Edificio Gara, se proyectan en la Montaña de Guaza, uno de los pocos enclaves donde todavía vive el lagarto gigante de Tenerife y donde también nidifica la pardela cenicienta.

El valor ambiental de este entorno es uno de los motivos por los que un conjunto de colectivos ecologistas de Tenerife ha elaborado y presentado una queja formal ante la Comisión Europea (Dirección General de Medio Ambiente), exigiendo la paralización de los proyectos.

Protección de la Red Natura 2000

Desde los colectivos recuerdan que los proyectos están ubicados parcialmente dentro del Monumento Natural Montaña de Guaza y de la Zona de Especial Protección para las Aves Rasca y Guaza, espacios integrantes de la Red Natura 2000, con protección de la Unión Europea. “Ninguno de los proyectos ha sido sometido a la evaluación adecuada de repercusiones sobre la Red Natura 2000 que exige de forma imperativa el artículo 6.3 de la Directiva Hábitats”, reprochan.

De momento, el ayuntamiento no ha concedido la licencia en el caso del Edificio Gara, a la espera de la presentación, por parte del promotor, de una evaluación ambiental. Desde el punto de vista de los colectivos, el consistorio “no puede otorgar licencia de obras contraviniendo el Derecho europeo y la legislación estatal de protección ambiental”.

Riesgo para especies protegidas

Recuerdan que “ninguna calificación urbanística ni resolución judicial de naturaleza formal exime a las administraciones públicas de cumplir las obligaciones derivadas de las Directivas Hábitats y Aves”. E insisten en que solo pueden autorizarse los proyectos cuando exista “certeza científica” de que no hay daños para la integridad del entorno. “Esa certeza no existe; muy al contrario, está probado que tendrá graves e irreversibles efectos sobre el espacio natural y la ZEPA”, valoran.

Los ecologistas explican que, de los informes realizados en base a la información disponible, aparte de la presencia de comunidades vegetales de tabaibal-cardonal, han identificado la pimelia tinerfeña costera (Pimelia canariensis), “un escarabajo endémico de Tenerife cuya extinción local sería prácticamente irreversible dada su limitadísima capacidad de dispersión”, y el lagarto gigante de Tenerife (Gallotia intermedia), “del que sobreviven apenas dos poblaciones en toda la isla, una de las cuales se encuentra a escasos metros de las obras proyectadas y lleva años en acusado declive”. También señalan que se ha identificado esta zona como espacio donde nidifica la pardela cenicienta.

Impactos irreversibles en el entorno

“En general, los informes señalan impactos irreversibles y no restaurables mediante ninguna medida compensatoria”, recalcan los colectivos, que además denuncian que “las empresas promotoras pretenden eludir un informe que, con toda probabilidad, les impediría ejecutar sus proyectos”.

“La evidencia científica acumulada es concluyente: estamos ante impactos significativos e irreversibles sobre uno de los enclaves naturales costeros mejor conservados del sur de Tenerife, hogar de especies endémicas, protegidas y en peligro de extinción”, apuntan desde los colectivos. “El principio de precaución no admite otra respuesta que la denegación de las licencias”, añaden.

El escrito que se ha transmitido a la Comisión Europea también se ha trasladado al Gobierno de Canarias, al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Arona, “dejando constancia formal de que todas las administraciones competentes conocen los hechos denunciados y las infracciones alegadas”.