El Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIAT) no ha detectado enganches ilegales que aumentaran la contaminación de Playa Jardín. En las investigaciones hechas por el consejo, no detectaron que el afluente de aguas residuales tuviera conexiones ilegales, como llegó a plantear la presidenta insular, Rosa Dávila, quien señaló al anterior gobierno local de permitir estos enganches.
La posibilidad de que esos acoplamientos ilegales existieran sí era una hipótesis que se barajó en los primeros meses después del cierre de Playa Jardín. En una respuesta al Grupo Socialista insular, desde el consejo explican que en las labores de reparación de la fuga del emisario, las aguas efluentes de la estación depuradora de aguas residuales se derivaron a una sistema de alivio existente, pero pese a ello, no se logró el vaciado del emisario.
Aportación desconocida
Por esta razón desde el consejo pensaron que el tramo del emisario terrestre podría estar recibiendo una “aportación de caudal de origen y calidad desconocido” que imposibilitaba el vaciado del emisario. Sin embargo, en las labores de inspección aseguran que “no se detectó ninguna conexión adicional”
Este hecho contradice la posición que había planteado la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, quien llegó a señalar que el anterior gobierno local había permitido enganches ilegales. En declaraciones hechas a Atlántico Hoy en septiembre Dávila aseguró que se habían detectado “enganches ilegales a la red de saneamiento del emisario” y señaló directamente a la gestión del socialista: “Han sido tolerados por el anterior equipo de gobierno municipal”.
Una rectificación
El exalcalde socialista reclama ahora una rectificación por parte de Dávila por haberle culpabilizado de permitir los enganches ilegales pese a que no se ha detectado ninguno. “Todo esto es importante porque no estamos hablando del decreto del cierre de la playa sino del posible delito medioambiental que esto significaría” apunta González, quien reprocha a Dávila que le acusaba no solo a él sino a los vecinos de Punta Brava.
González también aprovecha para “denunciar públicamente” que el pasado septiembre solicitó al actual Gobierno local (PP-CC-ACP) los expedientes de Urbanismo para investigar si alguno de sus antecesores permitió obras en el emisario, “puesto que es una competencia insular”. “He tenido que acudir al Comisionado de Transparencia porque tampoco me han dado acceso a esos expedientes”, apunta.
La fisura
Sin embargo, la respuesta del CIAT alivia a González y apunta que desmiente las palabras de acusación de Dávila. Por ello reclama a la presidenta insular que “tenga la dignidad de pedir disculpas públicamente”. Asimismo, recalca que un informe del Gobierno de Canarias señala que hay una relación entre la fisura y la contaminación de la playa, dándole la razón a su hipótesis de que la contaminación partía de la fisura.
González carga ahora contra la gestión insular por no haber agilizado las obras para la reparación del emisario. Una primera licitación licitación quedó desierta, mientras que en la segunda ha sido adjudicataria de las obras la empresa Ferrovial. Ahora la empresa
El emisario tiene un grosor de 800 milímetros y 974,50 metros de longitud y la fisura está a unos 95 metros de la costa. “Este hecho compromete la funcionalidad y la capacidad del emisario para garantizar un vertido seguro conforme a los condicionantes de la autorización de vertido”, recoge uno de los documentos de la licitación.