La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado cinco años de prisión y doce años de inhabilitación absoluta para un guardia civil acusado de un delito de revelación de secretos, una condena que incluiría además el pago de 11.000 euros en concepto de responsabilidad civil a ocho personas afectadas, entre ellas dos exparejas sentimentales.
Según el escrito de acusación, el procesado disponía de acceso a sistemas de información con datos personales sensibles utilizados por los agentes en el desempeño de su labor, que afectan directamente a la intimidad de los ciudadanos. Entre la información consultada figuraban perfiles policiales, señalamientos, antecedentes penales, domicilios y documentación personal.
Accesos fuera del ejercicio profesional
La Fiscalía sostiene que el acusado, aprovechándose de su cargo y fuera del ejercicio de sus funciones profesionales, realizó accesos no consentidos a estas bases de datos hasta pocos días antes de causar baja laboral. Todo ello, añade, incumpliendo los deberes de reserva y sigilo, así como la prohibición de intervenir en asuntos sin relación directa con su trabajo.
Al parecer, en la mayoría de los casos las consultas guardaban relación con personas con las que había mantenido vínculos personales de diversa naturaleza, generalmente cercanos, o con individuos implicados en altercados en los que el propio acusado había participado de alguna manera.
Vulneración de la intimidad
Para la Fiscalía, el guardia civil utilizó claves de acceso cuyo fin es estrictamente policial, con un “evidente ánimo de vulnerar la intimidad de las personas y la confidencialidad de las consultas”. El escrito subraya que los accesos no solo afectaron a terceros, sino también a personas de su entorno más cercano.
Entre los datos a los que presuntamente accedió figuran los de una mujer con la que mantuvo una relación sentimental, así como información relativa a su entorno familiar. En total, la lista de afectados incluye ocho personas, entre ellas otra expareja del acusado.