El Gobierno de Canarias ha declarado de urgencia la tramitación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide. La medida, adoptada por la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad, busca garantizar que la revisión del PRUG se complete antes de que caduque el informe ambiental estratégico emitido por la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental en 2021, evitando así posibles retrasos en la aprobación del plan.
Esto implica, según recoge el Boletín Oficial de Canarias (BOC), una reducción a la mitad de los plazos establecidos en el procedimiento ordinario "manteniendo al mismo tiempo las garantías esenciales del proceso". Asimismo, se aseguran las consultas a administraciones y partes interesadas que ya se habían realizado, permitiendo avanzar en la actualización de un instrumento posicionado como clave para la gestión y conservación del Parque Nacional del Teide.
Cuatro años
El propio documento recuerda que el procedimiento de revisión del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide se inició el 11 de mayo de 2020, mediante una resolución de la extinta Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente.
Posteriormente, el 17 de noviembre de 2021, la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental emitió el informe ambiental estratégico correspondiente, documento que tiene una vigencia de cuatro años desde su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, es decir, hasta diciembre de 2025. Con el fin de continuar con el proceso antes de la caducidad de dicho informe, el 31 de octubre de 2025 se solicitó un nuevo informe a la Comisión de Evaluación Ambiental e Informe Único.
Culminación
A finales de septiembre el Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife culminaron este documento considerado "clave" para regular acceso y conservación del Teide. El Patronato del Parque Nacional del Teide avaló la propuesta y fue evaluada de forma positiva Consejo de la Red de Parques Nacionales.
El nuevo Plan contempla medidas específicas para regular los accesos, priorizando el transporte público, regulando actividades deportivas, usos permitidos, entre otras cuestiones. Algunas limitaciones han despertado la indignación en distintos sectores, como por ejemplo la industria audiovisual, montañeros o patronales de vehiculos. Por otro lado distintos colectivos piden también que se requiera al Gobierno de Canarias una revisión integral del PRUG incorporando criterios científicos, técnicos y jurídicos acordes con la finalidad de conservación que define a todos los Parques Nacionales.