El Gobierno de Canarias ha concedido a Iberdrola Renovables Canarias la autorización administrativa y la declaración de utilidad pública para construir la planta fotovoltaica La Estrella, en Arona, un proyecto que ha recibido dos informes desfavorables de Agricultura y objeciones del Consejo Insular de Aguas de Tenerife por su posible afección al barranco de Las Galletas.
El proyecto prevé una potencia de 4,576 megavatios, la colocación de 7.746 paneles solares y una inversión de 2,4 millones de euros en concepto de ejecución material. La declaración de utilidad pública permitirá iniciar los trámites para la expropiación de los terrenos y derechos necesarios para desarrollar las instalaciones. Según el expediente, Iberdrola dispone de los terrenos donde se levantará la planta, pero todavía necesita parte del suelo por el que discurrirá la línea eléctrica de evacuación.
Agricultura emitió dos informes desfavorables
La Dirección General de Agricultura informó en contra del proyecto en agosto de 2024 y reiteró su postura en abril de 2025. Entre los motivos expuestos figuran la protección del suelo agrícola, la autosuficiencia alimentaria, las inversiones públicas realizadas en infraestructuras de regadío y la cercanía de una explotación ovina que alberga una raza en peligro de extinción.
Iberdrola defendió que los terrenos se encontraban abandonados y presentaban una fertilidad reducida. Asimismo, sostuvo que las actividades agrícolas desarrolladas anteriormente no habían prosperado y cuestionó que existieran pruebas científicas de posibles efectos negativos sobre la explotación ganadera.
Por su parte, el servicio agrario del Cabildo reconoció que el suelo mantenía potencial agrícola pese a su abandono y que la instalación impediría temporalmente su aprovechamiento. No obstante, consideró que el proyecto no suponía una amenaza suficiente para los terrenos agrícolas de la comarca como para justificar un informe desfavorable.
El riesgo de inundación, otro punto de conflicto
La posible afección al barranco de Las Galletas ha sido uno de los principales obstáculos durante la tramitación. En 2024, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife advirtió de que las avenidas ordinarias inundaban parte de la parcela y de que la instalación se encontraba en una zona susceptible de sufrir riesgos hidráulicos.
En un informe de octubre de 2025, tras analizar una modificación del proyecto que desplazaba la planta hacia el este, el organismo insular concluyó que la propuesta seguía sin ser viable para continuar con su autorización. El motivo era que contemplaba actuaciones en zonas expuestas tanto a avenidas ordinarias como extraordinarias.
Ante estas objeciones, la promotora presentó nuevos estudios para defender que la planta quedaría fuera de la zona inundable. También explicó que tanto el acceso como la línea eléctrica tendrían que cruzar el barranco y propuso medidas para proteger la canalización y mantener las condiciones del cauce.
La documentación se remitió al Consejo Insular de Aguas el 7 de noviembre de 2025. Sin embargo, la resolución indica que no consta en el expediente una respuesta del organismo insular a esta última documentación, pese a las objeciones planteadas anteriormente sobre el riesgo hidráulico.
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