El Cabildo de Tenerife sigue adelante con la externalización de la seguridad en el Parque Nacional del Teide pese a las críticas de privatización por parte de la oposición insular, que ha solicitado una comparecencia para explicar qué justifica que la institución haya tenido que licitar el servicio en lugar de dotarlo con medios propios.
La Mesa de Contratación del contrato del servicio de seguridad en el Parque Nacional del Teide ya ha remitido la propuesta de adjudicación a la empresa Segurmaximo, que todavía debe remitir información solicitada por la mesa. La empresa fue la única presentada a la licitación y registró una oferta de 3.361.385 euros.
La adjudicación del servicio
La licitación impulsa la contratación de 11 guardas forestales: uno para la zona de La Rambleta, que operará mientras dure el servicio del teleférico del Teide; dos guardas rurales en la cima de Montaña Blanca; y ocho guardas rurales itinerantes con vehículos todoterreno que trabajarán en diferentes horarios y prestarán el servicio de vigilancia durante los próximos cinco años.
En las bases de la licitación no se justifica exactamente el motivo por el que el contrato debe ser externo y no prestarse con medios propios del Cabildo. Sí se señala que se debe “al gran número de visitantes y a la enorme presión sobre el medio que ejerce la elevada presencia humana durante todo el año en un entorno frágil como este espacio natural”.
Justificación ambiental del contrato
Según el documento, el desconocimiento de los visitantes puede generar impactos negativos que hagan incompatible el disfrute público con la protección y conservación de los recursos de este espacio protegido.
Desde la oposición insular han solicitado una comparecencia de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, para justificar la externalización del servicio de seguridad, al considerar que este trabajo podría prestarse con recursos propios de la corporación.
Críticas de la oposición
“Estamos totalmente en contra de la privatización de un símbolo de la Isla. No se puede hacer negocio con algo tan sensible como es la vigilancia de nuestra joya de la corona”, valoró esta semana el portavoz socialista Aaron Afonso a través de una nota de prensa.
Para los socialistas, la decisión supone “una falta de respeto hacia los trabajadores y trabajadoras de la corporación insular y hacia las cientos de personas que se presentan a procesos selectivos públicos invirtiendo tiempo y dinero”. En este sentido recuerdan que en octubre ya se encargó a la empresa pública Gesplan la gestión de las áreas recreativas insulares.
Convocatoria de agentes de medio ambiente
Mientras tanto, el Cabildo está en plena convocatoria para configurar una lista de reserva de agentes de medio ambiente. En este proceso selectivo 109 aspirantes han superado la primera fase, aunque solo 40 han sido llamados para realizar las pruebas físicas.
Para los socialistas, esta dualidad de decisiones es “incoherente”. “Vamos a tener una lista de personal formado y cualificado del que podría nutrirse el Cabildo para prestar estos servicios de vigilancia. No tiene sentido privatizar el servicio cuando existen recursos públicos para hacerlo”, concluye el portavoz socialista.