Un colectivo de migrantes del centro de acogida Santa Cruz de Tenerife, en la antigua cárcel, han salido a la calle para protestar por lo que consideran una "constante violación de sus derechos" por parte de la entidad que gestiona el recurso, Cruz Roja, a quienes acusan de proporcionar un trato racista y deshumanizante.
En un manifiesto que han leído durante la concentración, estas personas, procedentes principalmente de Senegal o Guinea Conakri y que en la mayoría de los casos no hablan español, denuncian que solo disponen de una psicóloga, una abogada y dos trabajadores sociales para las 150 personas que viven en el centro, muchas de ellas con necesidades especiales.
Exigen dimisiones
Además denuncian que la comida que reciben está en mal estado: “Congelada, a veces podrida, a veces con residuos. Nos vamos a menudo a la cama con hambre”, y también les impiden tener comida en las habitaciones para dar a sus hijos e hijas.
Se manifiestan para pedir la dimisión del coordinador del centro y de los trabajadores y trabajadoras “racistas o de trato deshumanizante”, y reclaman que se contrate al personal “necesario para apoyarnos psicológica y legalmente”. Además, acusan a la institución de disponer del dinero necesario pero “no lo invierten en nosotras”.
Separación de los hijos
“Llevo siete meses sin ver a mi hijo”, cuenta una de las mujeres residentes en el centro, un testimonio que se suma al de otras que denuncian lo mismo: que se les ha separado sin consentimiento de sus hijos, de meses o de pocos años, y que llevan meses sin ningún contacto con ellos “e incluso sin saber dónde están”.
Las usuarias creen que los han trasladado a centros de menores pero cuando piden información, desde las administraciones les dicen que hay que “tener paciencia” o que están “hartos de ellas”. Se quejan también de que a las madres no les dejan calentar los biberones para sus bebés ni darles de comer, sino que es el centro es el que decide cuándo hacerlo.
Ni carritos ni pañales
Abdullah lleva casi dos años en el centro, tiene un hijo de seis meses con parálisis cerebral, y en este tiempo no han conseguido un carrito para poder llevarlo. Lamenta que cada vez que pide ayuda le contestan lo mismo: que espere más.
“He hablado con una señora que desde que nació su hijo no ha sido ni capaz de poder conseguir pañales. No tiene carro, tiene que llevarlo en la espalda, y no saben cuál es su estado de salud”, dice Ablaye Diallo, presidente y fundador de ASAC Internacional, una organización que se dedica en la defensa de los derechos humanos, y a quienes los usuarios del centro le han hecho llegar las protestas.
Integración imposible
También se quejan de que no reciben formación que les ayude a integrarse en la sociedad: “Nadie nos explica cuáles son nuestros derechos legales. No nos dan clase de español casi nunca. Llevamos meses, y algunos más de un año y no sabemos sino saludar”. Esta situación, dicen, les desprotege para comunicarse, comprender el entorno o buscar trabajo.
Otra carencia que denuncian es la vestimenta para los menores: “No nos dan ropa para nuestros niños pero tampoco dejan que nadie nos regale ropa”.
Racismo
En cuanto a la atención sanitaria, aseguran que, en muchas ocasiones, no pueden acceder a los medicamentos que les recetan en los centros de salud, incluso en casos de menores, personas recién operadas o mujeres embarazadas.
Los residentes creen que hay un problema de racismo y que los educadores del centro “mienten sobre nuestra situación” y les proporcionan un trato deshumanizado. "Las personas que trabajan para Cruz Roja no nos tratan como seres humanos, como iguales. No nos sentimos respetadas ni seguras”. Y continúan en el manifiesto: “A menudo nos amenazan, pisotean nuestros derechos y nos niegan información”.