La reciente aprobación del nuevo planeamiento urbanístico de San Miguel de Abona es motivo de celebración para el consistorio, gobernado por Coalición Canaria, pero ha despertado el temor en las asociaciones de vecinos ante los cambios que se aplicarán a partir de ahora. El temor surge especialmente porque el documento definitivo, de momento, no es público y aquellos que una vez se sometieron a información pública no están disponibles en las webs oficiales, lo que ha motivado críticas de “falta de transparencia” y de “ocultación de información”.

“A día de hoy, los vecinos y vecinas no tienen acceso a los planos ni a la documentación esencial del Plan General”, denuncian los vecinos a través de un comunicado, en el que alegan que el hecho de no tener acceso al que será su nuevo planeamiento “impide conocer el alcance real de las decisiones adoptadas y supone un ejercicio inadmisible de opacidad institucional en un asunto que condiciona el futuro urbanístico, social y económico de todo el municipio”.

Aprobación y publicación del plan

El Plan General de Ordenación Supletorio fue aprobado por el Gobierno de Canarias, a través de la Comisión de Informe Único, el pasado 30 de diciembre. El acuerdo que aprueba el plan se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el 13 de enero y empezó a correr el plazo de dos meses para la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo que lo aprueba, pero de momento el contenido concreto de lo aprobado no es accesible.

Tanto desde el Gobierno de Canarias como desde el Ayuntamiento de San Miguel de Abona trasladan a Atlántico Hoy que, pese a la publicación del acuerdo, todavía queda por publicar el documento del plan en sí, que contendrá toda la información urbanística aprobada y que tendrá su propio plazo para presentar recurso.

Falta de acceso y alegaciones

Actualmente no está disponible de forma pública porque “lleva un proceso de contestación personalizada de cada una de las alegaciones presentadas”, explica el alcalde, Arturo González. “Ahora se va a remitir a cada uno la contestación técnica y jurídica de las alegaciones que se presentaron en su día”, añade.

Según la última documentación hecha pública, el documento se sometió a información pública en tres ocasiones entre 2017 y 2022, con diferentes correcciones entre unas y otras realizadas por la empresa Gesplan. Los documentos que se sometieron a información pública actualmente no están accesibles. Según el PSOE, partido en la oposición, durante ese periodo se presentaron 1.800 alegaciones, “las cuales siguen sin ser contestadas; a día de hoy, nadie sabe cómo ha quedado dicho plan”, denuncian en un comunicado.

Críticas políticas y vecinales

Tanto para los socialistas como para los vecinos, la aprobación de la planificación urbanística debía haber emanado del propio consistorio, y este debía haber ofrecido toda la información sobre los cambios urbanísticos. Para González, sin embargo, no cabe recurso porque “el documento está conforme a la ley del suelo aplicable”.

La cuestión es que las asociaciones de vecinos que se quejan de la tramitación, Virgen de Lourdes, Guargacho-Punta del Lomo y Casancha, son de reciente creación o han reactivado su actividad hace poco tiempo, por lo que su dirección actual no ha tenido acceso a los documentos.

Impacto en propiedades y barrios

Desde el PSOE han venido denunciando en los últimos meses que la tramitación “se realizó sin información suficiente y con un impacto directo sobre el valor y el uso de numerosas propiedades”. También han criticado que “no se hizo la publicidad suficiente para que los vecinos y vecinas supieran qué estaba ocurriendo con sus propiedades”.

En este sentido, el portavoz socialista en el consistorio, José Carlos Rodríguez Rodríguez, ha asegurado a través de un comunicado que “numerosos solares pasaron a ser considerados rústicos sin que las personas afectadas fueran plenamente conscientes de las consecuencias, y que en la carretera general existen edificios cuya segunda planta queda fuera de ordenación, lo que supone una pérdida total del valor de esa parte de la propiedad”.

Temor a expropiaciones

Para el presidente de la Asociación de Vecinos de Llano del Camello, Paco Mata, el plan “huele bastante cerrado”. “Se sabe que van a haber expropiaciones, se sabe que van a mover a gente de sus hogares, pero no se sabe dónde ni cuándo”, traslada.

El alcalde, sin embargo, asegura que “las expropiaciones que se plantean son las propias que establece la ley” y garantiza que “no existen expropiaciones como tal de suelos residenciales urbanos”. Desde su punto de vista, “se crean estados de opinión que no se ajustan a la realidad, quizás también por elementos interesados en crear polémica al respecto”.

Incertidumbre vecinal

Pero el temor persiste entre los vecinos ante lo que pueda pasar con sus hogares y con sus barrios, ya que, de momento, no tienen una certeza sobre el papel. Desde las asociaciones de vecinos no descartan acudir a la justicia si se ven afectadas por el plan, dado que manifiestan que no han podido conocerlo hasta ahora.