El Cabildo de Tenerife abrirá un expediente sancionador al organizador de la fiesta ilegal celebrada en la playa Diego Hernández (Adeje), que podría ser sancionado con una multa de 6.000 euros, y ha advertido al respecto de que actuará de forma "contundente" en este ámbito.
El director insular de Medio Natural, Pedro Millán, ha comunicado este viernes que se iniciará el expediente para imponer la multa correspondiente por realizar la fiesta en un espacio natural protegido, que podría alcanzar los 6.000 euros.
Más multas
"Eso es independiente de la multa que se le puede imponer por infringir la Ley de Seguridad Ciudadana, cuyas cuantías oscilan entre los 601 y los 600.000 euros, en función de la gravedad y del grado que se les aplique”, ha explicado Millán en una nota.
Pedro Millán aclara que “desde que nos informaron de la celebración del evento, dimos traslado a la Guardia Civil y la Policía Local de Adeje, que se personaron con seis patrullas e identificaron a los organizadores y realizaron las oportunas diligencias”.
De inmediato
Al respecto, señala que “hay que ser responsables con los mensajes que se trasladan a la ciudadanía en las redes sociales y los medios de comunicación, pues no es cierto que las autoridades y administraciones públicas no hiciesen nada".
Así, prosigue, desde el primer instante se comunicó este hecho y la Guardia Civil y la Policía Local de Adeje actuaron de inmediato.
"No se puede permitir que nadie diga que no actuaron porque eso es faltar a la verdad y dudar de la actuación y profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, añade.
Denuncias en 2024
Además el Cabildo de Tenerife ha informado de que los agentes de Medio Ambiente realizaron 906 denuncias por infracciones medioambientales en 2024, lo que supone un 37,8 % más que el año anterior.
De esa cifra, 612 corresponden al ámbito competencial del Cabildo, mientras que 294 se trasladaron a los órganos competentes para su tramitación, como la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Fiscalía de Medio Ambiente.