Desde el mes de octubre del pasado año, los padres de 14 alumnos del CEIP Araya, en el municipio tinerfeño de Candelaria, denuncian el cambio “sin avisar” de la parada de guaguas escolar a una zona que, según insisten, es insegura.
La zona de estacionamiento, que estaba antiguamente localizada junto a la iglesia de San Andrés, ha pasado a estar ubicada en la calle El Barranquillo. Un lugar donde, apuntan desde la Asociación de Vecinos de Las Cuevecitas a Atlántico Hoy, no hay espacio para que la guagua pueda apartarse, ni paso de peatones o marquesina, así como tampoco un espacio para que los menores puedan esperar de forma segura.
El Ayuntamiento de Candelaria, basándose en informes técnicos, ven de forma positiva que la parada regrese a su ubicación al lado de la Iglesia de Las Cuevecitas donde "se dan las condiciones de seguridad".
Más de 6 meses
Al parecer la situación ocurre desde octubre de 2024, cuando los padres afectados se ponen en contacto con las autoridades para buscar una solución a este cambio presentando en febrero un escrito al centro escolar donde solicitan la zona del Centro Cultural como alternativa, ubicado en la calle San Andrés y a 50 metros de la Iglesia.
Según cuentan, desde la empresa de transportes se ponen en contacto con el colegio con una negativa a la nueva parada propuesta, y en el mes de febrero el Partido Popular de Candelaria llevó la cuestión a pleno como ruego. Según la respuesta del consistorio, desde el centro les transmitieron que ese cambio "fue una decisión de la empresa de transportes y por quejas de los vecinos al tener la parada delante de las viviendas".
Tras esperar dos semanas después del pleno y dejar pasar los carnavales, la asociación explica que terminan exponiendo el caso en las redes sociales consiguiendo un gran alcance. Ahora solo esperan una solución a este problema.
Ayuntamiento
Según un comunicado del consistorio, la Dirección General de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios "cambió la parada de transporte escolar de forma unilateral y sin contar con el ayuntamiento". Aseguran que, una vez tuvieron conocimiento, intentaron "mediar con las familias y la empresa de transportes".
Con el fin de conocer "el motivo del cambio y buscar la mejor alternativa" el consistorio insiste en que "organizó una reunión en la zona" con las familias, técnicos municipales y la empresa de transportes "pero está última no asistió al no ser autorizada por la Dirección General”, apuntan. Ahora solicitan a la Dirección General como responsable que analice la situación y tome en cuenta las quejas vecinales y las consideraciones técnicas del ayuntamiento.