El 7 de agosto, la Plataforma de Contratación del Estado publicó la licitación del contrato de servicios para implantar el transporte a la demanda en cinco zonas de Tenerife y una plataforma tecnológica y Call Center. A estas alturas del año el servicio ya podría estar adjudicado o al menos cerca de estarlo; sin embargo, la licitación ha quedado suspendida debido a las condiciones impuestas por el Cabildo de Tenerife, que han provocado tres recursos.
La licitación buscaba encontrar a las empresas que prestaran el servicio de transporte a la demanda en cinco espacios de Tenerife: la Isla Baja (Los Silos, El Tanque, Garachico e Icod de los Vinos), la zona de Tacoronte, El Sauzal y La Matanza, la zona de Santa Úrsula, La Victoria y La Matanza, la zona de Arafo y Güímar y, por último, La Guancha y San Juan de la Rambla. Estos servicios se dividían en cinco lotes, a los que se sumaba un sexto lote correspondiente a los servicios tecnológicos, de coordinación y atención al usuario, es decir, el call center.
Pero la licitación, valorada en más de 10 millones y licitada en 2,4 millones, no sigue adelante porque una empresa y dos particulares han presentado recursos por contradicciones en materia de seguridad y por incumplir un decreto relativo a la antigüedad máxima de los taxis que pueden prestar el servicio.
Cuestión de seguridad
El primer recurso señala que los pliegos tienen “una contradicción sustancial que compromete gravemente la validez jurídica de los pliegos”. Esta contradicción se centra en la certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) para las empresas. La empresa recurrente alegaba que no quedaba claro si esta certificación era “un requisito obligatorio e innegociable de solvencia técnica para los licitadores”, especialmente en relación con el call center.
Había ambigüedad sobre si estos requisitos de seguridad eran obligatorios o no, ya que se planteaban unas “alternativas supletorias” en el informe técnico y, ante ellas, se preguntaban: “¿Cómo se resuelve la posible contradicción con la obligatoriedad establecida en el RD 311/2022?”. De esta forma, este primer recurso se centraba en la seguridad y en cómo se garantizaba la protección de los datos si se permitía la flexibilidad del certificado.
“Al permitir que coexistan dos interpretaciones incompatibles sobre un requisito esencial para participar en la licitación, se genera un escenario de incertidumbre normativa que vulnera principios básicos de la contratación pública, compromete la transparencia del procedimiento y coloca en situación de desigualdad material a los licitadores”, señala el primer recurso.
A esta apelación se sumaron los recursos de dos particulares, aunque no estaban centrados en la seguridad, sino en la operativa del transporte y, esencialmente, en dos cuestiones: la antigüedad máxima obligatoria para los vehículos que van a prestar servicio y el permitir que otros servicios más allá del taxi puedan presentarse al proceso, provocando un posible perjuicio a los taxistas.
Antigüedad
Estos dos recursos señalan que el Pliego de Condiciones Administrativas y Técnicas establece una antigüedad máxima de 10 años para los vehículos que presten el servicio, un requisito que, según indican, incumple el Decreto 74/2012, modificado por el Decreto 122/2018, que eliminó la limitación de antigüedad máxima para los vehículos adscritos a licencias de taxi.
“La inclusión de este requisito en el pliego contradice la normativa autonómica vigente y limita la libre concurrencia, excluyendo injustificadamente a profesionales habilitados legalmente para ejercer”, señala uno de los recurrentes, quien carga especialmente contra el hecho de que la consejera de Movilidad, Eulalia García, “afirmó que no habría problema para participar con vehículos de más de 10 años, lo cual resultó ser falso, provocando indefensión y perjuicio económico”.
Con este requisito, se señala que “casi un 45% de la flota de taxis de Icod de los Vinos se ha visto imposibilitada de licitar por este motivo, afectando gravemente a la economía del sector local”.
Competencia
Por otra parte, estos dos particulares reprochan que se permita la participación de taxis de otros municipios y operadores externos (VTC, guaguas, empresas privadas), “lo que supone una competencia desleal frente a quienes trabajamos y tributamos en el municipio”, señala uno de los recurrentes, que tributa en Icod de los Vinos.
Ambos recursos se centran en la intromisión de nuevos servicios en la zona: “No es un servicio complementario, sino un servicio paralelo que invade el ámbito natural del taxi, captando clientela habitual del mismo y provocando un perjuicio económico grave”. Además, señalan que en Icod de los Vinos “ya existe un servicio municipal de microguaguas que cubre las mismas rutas rurales” y que esta licitación “supone una duplicidad innecesaria y un solapamiento con servicios ya prestados”.
Por todo ello, solicitan que se modifiquen estos requisitos y que se compense de forma mensual a los taxis con más de 10 años de antigüedad por no haber podido presentarse a la licitación, así como a los taxistas locales por la “pérdida de facturación derivada de la implantación del servicio”.
Suspensión
Dado que el primero de los recursos solicitaba un estudio pormenorizado que afectaba a diferentes áreas del Cabildo de Tenerife, se acordó la suspensión de la licitación. Desde la institución insular no han trasladado una respuesta sobre cuándo se prevé reactivar el proceso.El transporte a la demanda es una de las medidas clave previstas en el Plan Insular de Movilidad Sostenible.