La Fiscalía Provincial solicita penas de doce años de cárcel para el empresario canario Mukesh Daswani y nueve años y medio para un segundo acusado, por estafar a 120 clientes varios millones de euros, con cantidades que iban desde los 2.000 hasta los 78.000, en el llamado ‘caso Tradex’.
Ambos serán juzgados la próxima semana en la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife. En caso de ser declarados culpables, deberán reintegrar a las víctimas una suma que ronda los 2,5 millones de euros.
Los acusados se presentaban como gestores y asesores financieros independientes y, bajo esa apariencia, captaban dinero a cambio de promesas de altas rentabilidades, que en ocasiones llegaban hasta el 50% del capital entregado en apenas dos meses. También ofrecían otros productos financieros garantizando la devolución total de la inversión.
Apariencia de legalidad
Una vez ganada la confianza de sus clientes, estos realizaban aportaciones formales mediante contratos de préstamo o transferencias bancarias, confiando en la apariencia de legalidad del negocio. Uno de los procesados mantenía a los inversores informados, enviándoles supuestos reportes que reflejaban los beneficios prometidos.
Al principio, el acusado cumplía con esas rentabilidades, lo que animaba a los primeros clientes a reinvertir y atraía a nuevos inversores.
Sociedad mercantil
El segundo encausado, conocedor del funcionamiento, se sumó a la captación de clientes. Para dar una imagen de mayor solvencia y seriedad, alquilaron oficinas en Santa Cruz y se promocionaron en redes sociales. Ambos constituyeron una sociedad mercantil, con el propósito de reforzar la credibilidad de la operación.
Con el paso del tiempo y una vez reunido un elevado número de clientes, comenzaron a incorporar las inversiones al patrimonio personal, salvo cuando algún inversor reclamaba su dinero o los intereses generados.
El sistema, según la Fiscalía, se volvió insostenible, ya que requería la entrada constante de nuevos clientes para poder pagar a los anteriores. Los impagos se multiplicaron y el entramado quedó al descubierto.
Cuentas en Emiratos Árabes
Cuando los acusados se percataron del colapso, realizaron maniobras para ocultar sus bienes, vendiéndolos a terceros y abriendo cuentas en los Emiratos Árabes, donde uno de ellos intentó eludir la acción de la Justicia. También abrieron cuentas en Lituania y Reino Unido, cuyos fondos fueron convertidos en criptomonedas a través de una plataforma con sede en las Islas Seychelles.
Permanece además como acusada la pareja sentimental del principal procesado, quien habría disfrutado de un alto nivel de vida (viajes, regalos y estancias en hoteles de lujo) sin constar que conociera el origen ilícito de los fondos. La Fiscalía reclama que devuelva los 327.500 euros que habría recibido, junto con los otros dos acusados.