Solo tres ayuntamientos canarios, de los 88 del Archipiélado, poseen un plan de actuación municipal específico contra los incendios forestales: El Rosario y La Laguna, en la isla de Tenerife, y El Paso, en La Palma. Ningún otro consistorio posee un programa de planificación que establezca los mapas de riesgo, las zonas de evacuación y acogida de las personas y animales desalojados o los órganos de dirección de los operativos de emergencia.

El último en aprobarse fue el de El Rosario, homologado por la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias el 11 de diciembre de 2024. El de La Laguna fue avalado por el Ejecutivo regional el 5 de mayo de 2014, y el de El Paso fue homologado el 30 de abril de 2021. 

Programas Globales de Emergencia Municipal

Estos planes específicos se insertan en los Programas Globales de Emergencia Municipal (PEMU) y se centran en la planificación y la prevención. La organización y los medios para la extinción, como brigadas forestales, medios terrestres y aéreos, corresponden a los cabildos y a los gobiernos regional y estatal según el nivel de cada incendio.

El Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (Infoca), creado en 1997, establece la necesidad de que los municipios desarrollen planes locales específicos con estructura organizativa y procedimientos para la respuesta local, incluyendo la zonificación del territorio según el riesgo.

Plan estatal 

Desde este agosto, las comunidades autónomas deben cumplir unas directrices y criterios comunes en los planes anuales autonómicos de prevención de incendios, tras publicarse este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el real decreto que lo determina y que entrará en vigor mañana, después de ser aprobado el texto en el último Consejo de Ministros.

Se trata del Real Decreto 716/2025, de 26 de agosto, por el que se aprueban las directrices y criterios comunes de los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, un instrumento previsto en la Ley de Montes que, tras la reforma introducida en 2022, obliga a reforzar la planificación y la coordinación frente al avance de los grandes incendios.