El pleno del Cabildo de Tenerife ha ratificado este jueves la aplicación de la tasa conocida como céntimo forestal, que gravará el consumo de combustibles fósiles para vehículos de motor en la isla para destinar la recaudación a políticas forestales. Este nuevo impuesto estará exento para las empresas de transporte profesional y los vehículos destinados al transporte de mercancías como los del transporte público de pasajeros.
En concreto, en el pleno de julio los grupos políticos han votado al respecto de la exacción fiscal para esta tarifa especial y la aprobación de la modificación de la Ordenanza Fiscal. Esta exención llega al pleno tras la aprobación en el Consejo de Gobierno de este nuevo impuesto, que está avalado por la ley de presupuesto de 2025 aprobada por el Gobierno de Canarias.
La recaudación
La intención es imponer una carga de un céntimo por cada litro de combustible que se consuma en la isla. La previsión es recaudar 10 millones de euros cada año, con la intención de destinarlo a restaurar zonas degradadas mediante vegetación autóctona, conservar suelos frente a la erosión y reforzar la prevención de incendios forestales en zonas de mayor riesgo.
La aprobación se ha hecho con el rechazo del PSOE, principal partido de la oposición, por considerarlo “inflacionista”, mientras que Vox se ha abstenido en la votación. La medida ha salido adelante con los votos de Coalición Canaria y Partido Popular, que han defendido el argumento de “quien contamina paga”, como ha comentado la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez (CC).
La dualidad del debate
El PSOE critica la posición de los partidos de gobierno por no aprobar la tasa turística a la pernoctación, que gravaría el alojamiento turístico en la isla, pero sí respaldar la esta medida que va gravar el consumo de combustibles también a residentes. Asimismo, ha reprochado que más allá de la excepción a empresas de transporte, los trabajadores que tengan que desplazarse tendrán que pagar esta tasa.
La respuesta desde los grupos de gobierno se han centrado en la incongruencia de los socialistas de rechazar esta medida en la isla de Tenerife pero aprobarla en Gran Canaria, donde gobiernan junto a Nueva Canarias.