El Consejo Insular de Aguas de Tenerife prepara la contratación de un nuevo servicio para vigilar los vertidos al mar procedentes de infraestructuras de saneamiento, regeneración y desalación. El contrato tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de ampliarse durante otros dos, y un valor estimado de 10,59 millones de euros sin incluir el IGIC.
La licitación dará continuidad al servicio actualmente en vigor, cuya finalización está prevista para el 25 de noviembre de 2026. El nuevo contrato comenzaría, inicialmente, al día siguiente, aunque el propio documento técnico advierte de que los plazos administrativos podrían alterar esa fecha.
Muestreos en tierra y en el medio marino
El trabajo no se limitará a analizar el agua que sale de las plantas, sino que el servicio deberá controlar los afluentes que llegan a las instalaciones, los efluentes tratados, las aguas marinas receptoras, los sedimentos, los organismos y el estado de las conducciones submarinas.
Según el pliego de licitación, los muestreos tendrán que realizarse siguiendo una secuencia que permita comparar el agua de entrada, el agua después del tratamiento y el entorno marino. Además, los informes deberán recoger las condiciones meteorológicas y oceanográficas de cada jornada: lluvias, viento, oleaje, corrientes y otros factores que puedan influir en los resultados.
La vigilancia incluirá también un mapa anual de las comunidades marinas en las zonas de vertido, con el objetivo de seguir la evolución del estado ecológico del entorno. Los puntos de muestreo deberán quedar georreferenciados y mantenerse estables para facilitar la comparación de los datos a lo largo del tiempo.
Dieciocho informes cada año
La empresa que resulte adjudicataria tendrá que elaborar anualmente 18 informes de Programas de Vigilancia y Control y otros 18 de Declaración de Vertidos. La documentación deberá entregarse antes del 15 de febrero del año siguiente al periodo analizado.
Los informes incluirán, entre otros aspectos, los volúmenes vertidos, los caudales mensuales, el rendimiento de las plantas, los resultados de los análisis, las incidencias registradas y la posible afección sobre el medio receptor. También tendrán que reflejar el funcionamiento de los aliviaderos de emergencia, incluidos los días y horas en los que hayan estado activos y el porcentaje que representan respecto a la temporada de baño.
Diez sistemas bajo seguimiento
El contrato contempla los sistemas que actualmente gestiona el Consejo Insular de Aguas y otros cuya incorporación está prevista durante los próximos años. Entre los sistemas incluidos figuran Adeje-Arona, regeneración del Noreste, regeneración del Valle de La Orotava, desalación de Abona, desalación del Oeste, saneamiento del Valle de Güímar, saneamiento de Isla Baja, desalación del Valle de Güímar, desalación del Noreste y regeneración Metropolitano, con el control de la EDAR de Buenos Aires.
La incorporación de algunos de estos sistemas dependerá de la finalización de las obras, de la entrada en funcionamiento de las instalaciones y de la tramitación de las autorizaciones de vertido. El documento sitúa en enero de 2028 la posible puesta en marcha de las desaladoras del Valle de Güímar y del Noreste, así como la incorporación del sistema metropolitano a la gestión insular.
Más de 1.500 episodios previstos
El pliego calcula que durante la vigencia del contrato podrían producirse alrededor de 1.572 alivios por lluvias o descargas accidentales y excepcionales. La cifra, sin embargo, es una estimación y podrá variar en función de las condiciones meteorológicas, las averías y las necesidades de mantenimiento.
Cuando se produzca uno de estos episodios, la empresa deberá activar los controles correspondientes, tomar muestras y remitir un informe al Consejo Insular de Aguas en un plazo máximo de 15 días hábiles. El documento deberá explicar qué ocurrió, qué parámetros se analizaron y qué resultados se obtuvieron.
El servicio deberá contar, además, con atención telefónica durante las 24 horas de todos los días del año para responder ante cualquier descarga excepcional o anomalía detectada.
Un contrato condicionado por nuevas autorizaciones
Buena parte de los sistemas incluidos cuenta ya con autorización de vertido, aunque varias de ellas se encuentran en proceso de modificación. En otros casos, los permisos todavía están en tramitación o las instalaciones aún no se han ejecutado.
Por este motivo, el Consejo Insular de Aguas prevé que el contrato pueda modificarse para adaptar la frecuencia y el número de controles a las condiciones que finalmente establezca la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias.
Ampliación de servicio
También se contempla ampliar el servicio si se producen más alivios por lluvias o descargas excepcionales de los inicialmente calculados. En cualquier caso, el pliego establece que solo se pagarán los trabajos que lleguen a ejecutarse realmente.
El objetivo final, según el pliego de licitación, es mantener un seguimiento continuado de los vertidos y disponer de datos comparables sobre su posible efecto en el litoral tinerfeño, en un contexto en el que la isla prevé sumar nuevas infraestructuras de desalación, saneamiento y regeneración durante los próximos años.
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