La construcción de la planta de generación eléctrica de emergencia que Disa promueve en la zona de La Gañanía, en Los Realejos, ha abierto un nuevo frente de controversia entre la asociación Plataforma No Eléctricas-Propano en La Cruz Santa, la empresa promotora y el Ayuntamoento de Los Realejos. La asociación reclama al consistorio la paralización de las obras de construcción para comprobar si se han cumplido las condiciones de la autorización ambiental del proyecto.
La instalación, denominada Planta de Generación de Emergencia Tigaiga, es uno de los recursos que se han encontrado como medida para respaldar al sistema energético ante el riesgo detectado por Red Eléctrica de una falta de generación en la isla de Tenerife. Se trata de una planta con una potencia prevista de 14,8 megavatios y cuya autorización administrativa se ha publicado esta semana, pese al fuerte rechazo de los vecinos de Los Realejos, que llevan varios meses rechazando su instalación.
La asociación exige verificar los requisitos previos a las obras
Tras la publicación de la autorización administrativa, desde la plataforma sostienen que el inicio de los trabajos debe estar condicionado al cumplimiento de varias prescripciones recogidas en la evaluación de impacto ambiental. Por ello, pide al Ayuntamiento que consulte al Gobierno de Canarias si la documentación exigida ha sido presentada y recibida y que, en caso de detectar incumplimientos, adopte las medidas legales necesarias para detener las obras.
Entre las condiciones que la asociación considera especialmente relevantes figuran la elaboración de un estudio de impacto acústico que contemple las distintas fases de construcción, las fuentes de ruido y los escenarios de funcionamiento de los ocho grupos electrógenos; la evaluación de posibles accidentes y de su efecto sobre las instalaciones industriales próximas; y la elaboración de un plan de autoprotección por personal técnico acreditado, con la correspondiente supervisión administrativa y registro.
Garantías ante posibles daños
A través de un comunicado también han reclamado que se compruebe la existencia de las garantías económicas para responder por posibles daños a terceros y que se hayan realizado los estudios ornitológicos previos previstos en la resolución ambiental.
La entidad solicita, además, que tanto el Ayuntamiento como la Policía Local verifiquen las condiciones de ejecución del proyecto y comuniquen a los organismos competentes cualquier posible incumplimiento. La asociación subraya que la protección de la población, la seguridad y el impacto acústico deben ocupar un lugar prioritario.
La Plataforma mantiene su oposición a la instalación y anuncia que prevé presentar un recurso administrativo contra la autorización y la declaración de interés general del proyecto.
DISA defiende la autorización y la elección de la ubicación
Desde Disa esta misma semana también han remitido un comunicado al respecto de la polémica, aunque especialmente enfocado con las declaraciones del alcalde de Los Realejos rechazando la instalación de la planta en el municipio. Según la empresa energética el actual emplazamiento de la central fue propuesto por el propio consistorio.
La empresa explica que el emplazamiento actual no era el inicialmente planteado. Según su versión, el Consistorio propuso trasladar el proyecto dentro del polígono industrial de La Gañanía después de que se plantearan objeciones por la proximidad de la ubicación original a viviendas. DISA afirma que estudió la alternativa y asumió los costes adicionales derivados del cambio.
La compañía señala que el 19 de mayo de 2026 el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo dio su conformidad al informe del arquitecto municipal, que consideraba viable la actuación en el nuevo emplazamiento atendiendo a su carácter provisional y a la normativa urbanística aplicable. Asimismo, sostiene que el Gobierno de Canarias consultó formalmente al Ayuntamiento el 25 de agosto, tras modificarse la declaración de interés general para adaptarla a la nueva ubicación, y que el Consistorio no presentó dentro del plazo un informe de disconformidad.
DISA afirma que el proyecto dispone de autorización administrativa, evaluación ambiental y los informes favorables de las administraciones y organismos consultados. La empresa asegura que continuará colaborando para desarrollar la instalación con garantías de seguridad y protección ambiental, y apela a la coherencia y la lealtad institucional ante las posibles acciones contra el proyecto.
Una autorización con condiciones ambientales y de seguridad
La resolución publicada en el BOC recoge que el proyecto recibió alegaciones durante su tramitación, relacionadas, entre otras cuestiones, con el ruido, las emisiones, los posibles riesgos para la salud y la seguridad, el impacto ambiental y la compatibilidad urbanística.
La evaluación ambiental incorpora medidas preventivas y correctoras destinadas a abordar esas preocupaciones. Entre ellas se encuentran el estudio acústico previo al inicio de las obras, la evaluación del riesgo de accidentes con posible efecto dominó sobre instalaciones industriales cercanas y la preparación del plan de autoprotección.
La resolución también contempla el seguimiento de las emisiones de óxidos de nitrógeno, el estudio de los campos magnéticos durante la fase inicial de funcionamiento, la plantación de árboles como barrera de protección y la realización de estudios sobre la presencia y reproducción de aves en el entorno. Asimismo, plantea estudiar mejoras de aislamiento acústico en viviendas y cambios en determinados elementos del diseño para aumentar la distancia respecto a las casas.
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