Pablo Olóndriz, un barcelonés exresidente en Tenerife, dejó su coche en 2024 un concesionario de Arafo (Tenerife) cuando abandonó la isla para regresar a la Ciudad Condal. El vehículo se vendió, pero Pablo nunca recibió los 4.500 euros que había pactado por la operación. Tras casi un año de reclamaciones, dos burofax rechazados, una denuncia penal y un procedimiento que continúa sin resolverse, ha decidido hacer público su caso porque ha tenido conocimiento de que no es el único afectado.
"No voy a dejar esto hasta que se haga justicia, me lleve los años que me lleve. Ya no solo por mi caso sino para que esta gente deje de estafar", afirma Pablo. Atlántico Hoy ha hablado tanto con el afectado como con el concesionario.
La responsable de esta empresa de compraventa de vehículos de Arafo, identificada como C.M.L., rechaza la versión del denunciante. En declaraciones para Atlántico Hoy, sostiene que el conflicto se debe a que el vehículo presentaba vicios ocultos y que el perjudicado pretendía cobrar el importe íntegro sin descontar las reparaciones, aunque reconoce que no le ha pagado por su coche pese a que Pablo lo dejó allí en 2024.. También asegura que no le consta ninguna denuncia presentada contra ella.
Un contrato de consignación
Según la documentación facilitada por el afectado, el 28 de septiembre de 2023 firmó un contrato de consignación con una reventa de vehículos de Arafo para que vendiera su Opel Astra de 2011, matrícula 5551 HHB.
Inicialmente ambas partes pactaron que él recibiría 5.000 euros por el vehículo, aunque dos meses después, al comprobar que la venta no se producía, propuso rebajar su parte hasta 4.500 euros para facilitar la operación, según su versión. El concesionario aceptó esa modificación.
Como se encontraba de viaje, pidió que cualquier novedad se le comunicara por correo electrónico. En enero de 2024 recibió la primera noticia positiva. "Está reservado ya. Cuando se liquide te tendré informado para hacerte la transferencia", le respondió C.M.L. Las semanas siguientes transcurrieron sin que llegara ningún ingreso.
Meses de explicaciones diferentes
Durante los meses posteriores, Pablo asegura haber reclamado reiteradamente el pago. Los correos electrónicos muestran una sucesión de respuestas distintas. Primero se le comunicó que el comprador no había conseguido financiación y que estaba pagando el vehículo poco a poco, por lo que no le podían pagar el coche del tirón. Más adelante se le indicó que únicamente quedaban dos plazos para finalizar el pago.
En junio de 2024, C.M.L. le solicitó su número de cuenta bancaria para realizar la transferencia."Pásame el número de cuenta. Hubo cambios y se me fue", escribió. Pablo respondió enviando su IBAN el mismo día y pidió que, una vez realizada la operación, le remitieran el justificante bancario.
El dinero nunca llegó. Pocos días después recibió una nueva explicación. "La empresa cambió de propietarios y de nombre... los pagos se hacen los días 1 y 15", le comunicó C.M.L., añadiendo que ya había facilitado sus datos al banco. Cuando volvió a reclamar, recibió otra respuesta. "No te preocupes. Hubo cambios de empresa, nombre, etcétera, pero no tendrás ningún problema." Más tarde llegó otra promesa. "Ayer mandaron la orden." Según Pablo, ninguna de esas transferencias llegó a producirse.
Dos burofax rechazados
El 26 de julio de 2024 remitió un ultimátum por correo electrónico concediendo un último plazo antes de acudir al recurso del burofax. Ese mismo día C.M.L. llegó a ofrecer pagar el dinero personalmente. "Si hoy no te llega, el lunes te lo ingreso de lo mío y cuando te llegue me lo devuelves", escribió.
Pablo respondió que no quería un pago personal de C.M.L., sino que la empresa cumpliera con la obligación derivada del contrato. Al no recibir el dinero, el 5 de agosto de 2025 envió un primer burofax reclamando formalmente los 4.500 euros.
Semanas después, su abogado, perteneciente al Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), remitió un segundo burofax con certificación notarial dirigido al responsable de la empresa. En ese escrito se reclamaba nuevamente el pago y se advertía de que los hechos podían ser constitutivos de un delito de apropiación indebida. Según la certificación aportada por Pablo, ambos burofax fueron rechazados por sus destinatarios.
La denuncia penal
En octubre de 2024, Pablo presentó una denuncia por la vía penal. Según explica, durante las Navidades de ese mismo año recibió un auto de archivo que, asegura, correspondía a un procedimiento distinto y no a su denuncia.
El afectado recurrió esa resolución, aunque el recurso fue inadmitido por haberse presentado fuera de plazo. Posteriormente promovió un incidente de nulidad al considerar que el auto recibido hacía referencia a otro caso completamente diferente. Afirma que el juez titular del Juzgado de Güímar cambió posteriormente y que el procedimiento permanece pendiente de resolución.
La versión de C.M.L.
Atlántico Hoy ha contactado con C.M.L. para conocer la versión de la responsable del concesionario de Arafo. Niega un impago deliberado y afirma que el origen de la discrepancia está en el estado mecánico del vehículo. "El coche tuvo unos problemas", asegura. Según explica, una vez recepcionado el vehículo aparecieron averías que debían descontarse del importe que correspondía al propietario.
"Él quiere el total y yo el total no le voy a dar, porque cuando un coche viene con algún defecto eso se descuenta. Eso se le pasa a todos los clientes", asegura, aunque reconoce que en dos años no ha pagado a Pablo ninguna cantidad y asegura que no tiene su numero de cuenta.
También niega haber recibido una denuncia: "Aquí no hay denuncia. No existe denuncia." C.M.L. sostiene igualmente que dispone de toda la documentación relacionada con el caso y que está en manos de su abogado. "Por 4.000 euros no me voy a jugar una compraventa donde tengo más de 50 coches", destaca.
La respuesta de Pablo
Pablo niega esta versión y asegura que durante todos los meses en los que intercambiaron correos electrónicos nunca se le comunicó la existencia de vicios ocultos, averías o descuentos por reparaciones.
También rechaza la afirmación de que la empresa no dispusiera de sus datos bancarios. Según la documentación aportada, fue la propia C.M.L. quien solicitó su número de cuenta por correo electrónico en junio de 2024 para efectuar la transferencia y le comunicó que ya había facilitado esos datos al banco.
Los antecedentes judiciales
Tras dos años de espera y de parálisis en el juzgado, Pablo se ha cansado y ha decidido montar una página web para denunciar su situación y, dice, evitar que a otros les pase lo mismo. Durante la preparación de la página web en la que recopila toda la documentación de su caso, Pablo localizó dos resoluciones judiciales publicadas en el Boletín Oficial de Canarias relacionadas con C.M.L.
La primera fue publicada en el BOC del 28 de enero de 2011. Recoge una sentencia correspondiente al Juicio Verbal 927/2009 del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Santa Cruz de Tenerife. En ella, C.M.L., junto con otros dos demandados, fue condenada solidariamente al pago de 2.303,95 euros, además de intereses y costas. La resolución señala que se encontraba en situación de rebeldía procesal y que la notificación se realizó mediante edictos al encontrarse en paradero desconocido.
La segunda apareció en el BOC del 23 de noviembre de 2012. Corresponde a un procedimiento ordinario del Juzgado de Primera Instancia número 4 de San Cristóbal de La Laguna por la resolución de un contrato privado de compraventa de un vehículo de segunda mano firmado en agosto de 2009. La sentencia condenó a C.M.L. al pago de 15.225,96 euros, además de intereses y costas. En este procedimiento también figuraba en rebeldía procesal, y la notificación volvió a realizarse mediante edictos.
Otros afectados
Pablo asegura que, tras publicar la página web en la que documenta su caso, varias personas se han puesto en contacto con él relatando situaciones similares relacionadas con la misma empresa de compraventa de vehículos. Afirma que al menos una de ellas mantiene actualmente un procedimiento judicial pendiente de juicio oral.
También señala que antes de desaparecer el perfil de Google Maps del negocio existían reseñas negativas de clientes y que localizó una publicación realizada en Facebook en 2022 por otra clienta que manifestaba haber perdido dinero en una operación con el mismo establecimiento.
Ahora, Pablo se plantea tomar acciones conjuntas con el resto de afectados. "No voy a dejar esto hasta que se haga justicia, me lleve los años que me lleve. Ya no solo por mi caso sino para que esta gente deje de estafar", concluye.
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