Aunque pueda parecer que a estas alturas todos los yacimientos guanches puedan estar protegidos, balizados y catalogados, la realidad del patrimonio cultural de la isla de Tenerife está lejos de eso.
El colectivo Imastanen es el grupo social en la isla enfocado en el patrimonio arqueológico más activo en Tenerife. Constantemente están denunciando los ataques a yacimientos que están desprotegidos, desde unas obras, hasta un sendero que se marca sobre restos de actividad guanche. Según explica Sixto García, portavoz del colectivo, la totalidad de los yacimientos arqueológicos guanches están desprotegidos en la isla de Tenerife.
Al alcance de todos
“No tenemos ningún yacimiento que esté balizado, no tenemos ningún yacimiento con una cartelería que advierta del propio yacimiento, de las posibles sanciones si se altera”, denuncia el portavoz, quien lamenta que los restos arqueológicos están a la mano de cualquier persona que transite a su lado.
Desde su punto de vista esta situación es especialmente grave en Tenerife, isla que asegura que tiene una política de protección más laxa. El principal problema que detecta es la falta del cumplimiento de ley de patrimonio cultural de Canarias, que obliga a los ayuntamientos y a los cabildos a elaborar un catálogo que contabilice y localice todos los bienes patrimoniales del municipio, entre ellos los arqueológicos.
Sin catálogos, sin protección
Según denuncia García ninguno de los ayuntamientos de la isla de Tenerife y pocos a nivel regional tienen su propio catálogo que contabilice sus yacimientos. Esos catálogos requerirían de unas nuevas prospecciones en cada municipio para detectar los valores patrimoniales, según explica, ya que la reducción de vegetación, los bancales o las nuevas técnicas pueden permitir la detección de nuevos yacimientos, que actualmente están al alcance de todos.
Según la ley, el catálogo municipal debe incluir un estudio previo de carácter histórico, artístico y cultural de los bienes; un análisis, diagnóstico y pronóstico del estado de conservación de los bienes; el control legal y normativo; los criterios de catalogación; una valoración sobre la incidencia en los valores protegidos y medidas preventivas, una propuesta y alcance de la intervención desde el punto de vista teórico, técnico y económico y un plan de medidas de fomento, mantenimiento, gestión, economía y plazos.
Para elaborarlos, la ley obliga a que todos los municipios de Canarias que no tengan su catálogo de patrimonio lo deberán elaborar y aprobar en un plazo de tres años posterior a la aprobación de la ley (2019). García asegura que en muchos casos los ayuntamientos no cumplen con esta obligación por su propia “ignorancia”. “A veces no tienen conocimiento ni de la propia ley”, denuncia, aunque apunta que hay casos en los ni siquiera los ayuntamientos quieren reunirse con ellos, especialmente en el sur de Tenerife.
Las alertas
De momento, ellos reciben alertas ciudadanas sobre obras o acciones que afectan a yacimientos y las ponen en conocimiento de las administraciones públicas. Uno de sus avisos consiguió paralizar la construcción de un parque fotovoltaico del ITER en Arico después de que las palas mecánicas hubieran arrasado parte de los yacimientos.
Según explica el portavoz, el Cabildo de Tenerife es la administración que más atiende a sus denuncias, como en este caso, en el que paralizaron el proyecto hasta el estudio de los terrenos. “Son los únicos que nos han dado facilidad, cosa que deberían dar los ayuntamientos”, apunta. Asimismo, afea que a nivel insular haya pocos técnicos dedicados al área arqueológica y de medioambiente, lo que dificulta las labores de inspección.
Falta de personal
“No tenemos agentes, ni funcionarios, entonces es muy difícil abarcar, por eso yo creo que es importante la vigilancia que estamos haciendo, porque colaboramos con la administración, que es nuestra meta”, apunta. La consecuencia de la falta de gestión son las constantes denuncias públicas que hacen desde el colectivo.
El portavoz no contabiliza cuántas denuncias públicas le llegan, pero asegura que en el último año han sido “muchísimas”, algunas que ni siquiera sacan a la luz y simplemente trasladan a las administraciones pertinentes. “Cada vez que visitamos un yacimiento arqueológico detectamos siempre alguna alteración, algún expolio”, describe.
En los solares
La construcción “masiva” es uno de los principales factores que detecta que afecta a los yacimientos, ya que según apunta toda la isla es, en sí, un yacimiento. “En un solar de un barrio hay un yacimiento arqueológico que está totalmente desprotegido, como pasa en Santa Cruz, en barrios como La Gallega”, apunta.
García no da ubicaciones concretas para evitar el posible expolio, pero apunta que hay barrios de La Laguna que también tienen yacimientos guanches desprotegidos, en contraposición a la protección de los bienes eclesiásticos del municipio, apunta. El portavoz señala que en general, existe una desafección hacia el legado guanche.
Justo por ello señala que si los canarios tuvieran una mayor información del legado aborigen y el conocimiento arqueológico trascendiera del mundo académico la protección de los yacimientos sería mayor. De momento, la labor del colectivo se concentra en trasladar ese conocimiento a los más pequeños en los institutos, con el deseo de que cuando sean adultos esa sensibilidad germine.