El Estadio de Gran Canaria ya no es solo un campo de fútbol. Es un negocio en construcción. Y el acuerdo anunciado entre el Cabildo y la UD Las Palmas fija el punto de partida: el club explotará comercialmente el recinto, a cambio de aportar 60 millones de euros para financiar la reforma del Mundial 2030, y la institución insular mantendrá la titularidad pública.
Ese marco, todavía pendiente de desarrollo jurídico antes de 2027, abre una negociación de fondo que va mucho más allá del uso deportivo. Se trata de definir quién gestiona, quién decide y quién obtiene el retorno de una inversión que superará los 170 millones de euros en un estadio que aspira a funcionar los 365 días del año.
Porque el debate que ahora se abre en Gran Canaria no es local. Es el mismo que llevan años resolviendo —con fórmulas muy distintas— Bilbao, Zaragoza, San Sebastián, Palma o Vigo.
Convenio actual
El punto de partida en la Isla es conocido. La UD Las Palmas ha operado hasta ahora bajo un modelo clásico de cesión de uso: el Cabildo es propietario, el club utiliza el estadio y existe un equilibrio económico que combina aportaciones institucionales —como los más de 1,6 millones anuales en patrocinio turístico— con un canon limitado que puede alcanzar los 435.000 euros al año por uso y mantenimiento. Ese esquema, válido para un estadio concebido esencialmente para el fútbol, queda superado por un recinto reformado, cubierto, ampliado y diseñado para generar ingresos durante todo el año.
Ahí es donde empieza la comparación.
Sociedad participada en Bilbao
El caso de San Mamés, en Bilbao, es probablemente el más sofisticado y también uno de los más estables. Allí no existe un simple convenio bilateral entre ayuntamiento y club. El estadio se articuló a través de San Mamés Barria, una sociedad en la que participan el Athletic Club, la Diputación de Bizkaia, el Gobierno Vasco, Kutxabank y el Ayuntamiento de Bilbao. El Athletic no juega por mera cesión, sino por un contrato de arrendamiento de industria formalizado en 2013 por 50 años, con una renta anual de 500.000 euros, actualizable por IPC y revisable de forma periódica.
Además, ese contrato incluye una opción de compra al final del periodo, ligada al valor neto del inmovilizado, que en los informes de 2016 se estimaba en torno a 66 millones de euros. Es decir, Bilbao diseñó una fórmula en la que el estadio nace con arquitectura pública y financiera compartida, pero el club disfruta de un horizonte de control extraordinariamente largo y con una puerta abierta a la adquisición futura.
La enseñanza bilbaína para Gran Canaria es evidente: cuando se quiere dar seguridad al club sin desprenderse de golpe del activo público, se crea una estructura societaria o contractual capaz de repartir riesgos y blindar estabilidad. El Athletic paga alquiler, asume gastos de conservación, reparación y mantenimiento para el buen uso de lo arrendado y explota el estadio en un marco mucho más empresarial que administrativo.
No es una cesión blanda ni un convenio tradicional, sino un modelo de largo recorrido que convierte al club en gestor real del día a día sin borrar el origen institucional del estadio. Para una instalación como la futura de Siete Palmas, que aspira a tener nuevos espacios de restauración, hospitalidad y uso no deportivo, San Mamés representa la versión más avanzada de una idea central: el club deja de ser solo usuario y pasa a ser operador económico del recinto.
Otro camino en Zaragoza
Zaragoza, en cambio, ha elegido una fórmula igualmente moderna pero mucho más exigente para el club. La Nueva Romareda se ha organizado mediante una sociedad específica y sobre una base jurídica muy concreta: un derecho de superficie de 75 años sobre la parcela municipal del antiguo estadio, otorgado para construir el nuevo recinto y explotarlo.
Sobre esa estructura, la sociedad aprobó en febrero de 2026 el contrato de arrendamiento de industria que regulará la relación con el Real Zaragoza. Ese contrato entregará al club el uso principal del estadio como campo de fútbol y de sus usos coadyuvantes —hospitality, oficinas, tienda o museo— por un plazo máximo de 75 años, pero deja fuera del contrato la explotación de los equipamientos terciarios.
La parte económica del modelo zaragozano resulta especialmente reveladora para el debate grancanario. El Real Zaragoza pagará una renta fija inicial de 1,1 millones de euros al año desde la entrega del estadio y durante las cinco anualidades siguientes; esa cantidad irá subiendo 200.000 euros cada cinco años hasta alcanzar 3 millones anuales a partir del año 41, con revisión acumulativa por IPC.
Además, el club deberá abonar el 5% de los ingresos brutosobtenidos por actividades no vinculadas al uso principal como macroeventos, conciertos, congresos o actividades culturales. El mensaje político y empresarial de Zaragoza es nítido: si el club obtiene negocio de una infraestructura pública, ese negocio no puede quedar enteramente privatizado. Hay gestión, sí, pero hay también canon alto, control del propietario y participación en ingresos extraordinarios.
Anoeta, el espejo
San Sebastián ofrece una tercera vía, quizá la que más se parece al punto de partida que hoy exploran Cabildo y UD Las Palmas. El estadio de Anoeta —ahora Reale Arena— sigue siendo de titularidad cien por cien pública, propiedad del Ayuntamiento de Donostia a través de la sociedad pública Anoeta Kiroldegia.
Pero la Real Sociedad consiguió transformar el viejo convenio de uso en un acuerdo mucho más ambicioso con motivo de la gran remodelación. El convenio firmado en 2016 estableció las nuevas condiciones de uso y explotación, dejó claro que el propietario seguía siendo público y fijó un esquema de financiación en el que la Real asumía una aportación decisiva.
Los números de Anoeta son muy expresivos. El coste inicial de la actuación, excluido el IVA y otros elementos anexos, se cifró en 50,7 millones de euros. De esa cantidad, la Real Sociedad se comprometió a aportar 36,745 millones, mientras que el Gobierno vasco sumó 10 millones y la Diputación Foral de Gipuzkoa otros 4 millones.
El convenio explicaba además que parte de la aportación del club se realizaba como canon adelantado por un nuevo plazo de duración del derecho de uso y explotación, que inicialmente se fijó hasta septiembre de 2067. Posteriormente, en 2022, la Real amplió ese derecho de explotación hasta 2074, después de que la inversión y el coste final de la reforma se dispararan hasta rozar los 80 millones de euros. La lógica de Donostia fue diáfana: cuanto más dinero pone el club, más largo y sólido debe ser su derecho a explotar el estadio.
A largo plaza en Palma
Mallorca, por su parte, ilustra el modelo de cesión prorrogada con conflictos sobre el reparto de costes. El Ayuntamiento de Palma prorrogó en 2022 el convenio de colaboración con el RCD Mallorca, firmado originalmente en 1997, de modo que el club dispusiera de la cesión del espacio de Son Moix hasta 2064.
El acuerdo inicial fijaba una duración de 40 años, prorrogables 25 años más, y la prórroga fue acompañada por el visto bueno municipal para la reforma integral del estadio, asumida por el propio club. Dicho de otro modo: Palma no creó una sociedad mixta ni un alquiler como el de Bilbao o Zaragoza, sino que reforzó la vieja lógica de la cesión a largo plazo.
Sin embargo, la experiencia mallorquina también enseña que una cesión larga no resuelve por sí sola el problema decisivo: quién paga las grandes reparaciones y el mantenimiento estructural. En 2025, el Ayuntamiento de Palma reconoció que debía abonar al Mallorca en torno a 2,3 millones de euros por una reclamación vinculada a costes de mantenimiento e intervenciones en Son Moix.
El club había reclamado más de tres millones, pero los servicios jurídicos y un peritaje externo concluyeron que el consistorio estaba obligado a asumir una parte en virtud del convenio de 1997. Es decir, la frontera entre mantenimiento ordinario, mejora funcional, reparación estructural y obligación municipal siguió siendo fuente de discusión décadas después. Para Gran Canaria hay aquí una advertencia muy práctica: el futuro convenio no solo deberá decidir quién gestiona, sino también quién asume las patologías del edificio, las obras mayores, las reposiciones y las inversiones sobrevenidas.
Esquema blando en Vigo
Vigo representa justo lo contrario a Zaragoza: un marco mucho más favorable al club en términos de uso directo del estadio. El Celta sigue operando Balaídos con base en un convenio cuya vigencia se extiende hasta 2034 y que, según la propia información financiera del club y la documentación difundida en medios locales, le permite usar el estadio sin contraprestación económica al Ayuntamiento en concepto de alquiler o canon.
El club asume suministros como luz y agua, y conserva además la explotación de la publicidad interior. Las memorias del Celta recogen que la modificación del convenio de 30 de enero de 2009 extendió el uso de Balaídos, Barreiro y A Madroa hasta el 16 de mayo de 2034, cediendo el Concello la explotación publicitaria interior sin contraprestación ninguna.
Ese es precisamente el punto que ha convertido a Balaídos en un caso singular dentro del mapa español. Mientras Vigo ha asumido durante años una fuerte inversión pública en la modernización del estadio, el Celta ha mantenido un uso prácticamente gratuito del recinto. Las tensiones no han desaparecido por ello: el convenio de reforma de 2015 acabó derivando en conflictos y reproches por incumplimientos, y desde 2024 ambas partes negocian una ampliación de larga duración del marco actual.
Una información publicada por La Voz de Galicia situaba esas conversaciones en un escenario de 50 años, con un objetivo claro: dar al club mayor estabilidad y más capacidad para explotar Balaídos durante todo el año. Vigo, por tanto, enseña otra cosa a Gran Canaria: un convenio demasiado blando puede funcionar políticamente durante un tiempo, pero termina abriendo debate sobre el retorno público de la inversión.
Misma pregunta, respuestas distintas
Vista en conjunto, la fotografía española ofrece cinco respuestas distintas a una misma pregunta. Bilbao apuesta por una estructura societaria y un alquiler de larguísimo plazo con opción de compra; Zaragoza impone un arrendamiento duro, con canon creciente y peaje sobre los ingresos extraordinarios; San Sebastián entrega explotación ampliada a cambio de que el club financie buena parte de la reforma; Palma prorroga la cesión y convive con pleitos sobre mantenimiento y estructura; Vigo mantiene una cesión casi gratuita mientras discute cómo convertir Balaídos en un recinto rentable más allá del fútbol. Ningún caso es idéntico al otro, pero todos comparten una misma tendencia: los estadios han dejado de ser meras instalaciones deportivas para convertirse en infraestructuras mixtas, urbanas y comerciales.
Ahí es donde se decide el futuro del Estadio de Gran Canaria. El protocolo conocido hasta ahora no aclara si el nuevo marco será una concesión reforzada, una cogestión pura, un sistema con canon, una explotación parcial o una fórmula más compleja. Lo que sí deja claro es que el Cabildo quiere conservar la naturaleza pública del recinto y que la UD Las Palmas considera imprescindible participar en el nuevo ciclo económico que abrirá la reforma.
La negociación real no será solo sobre el fútbol, sino sobre locales, restauración, hospitalidad, eventos, marca, usos no deportivos, mantenimiento, inversiones futuras y reparto de ingresos. En el fondo, esa es la verdadera discusión en España cuando un gran estadio público se renueva: si el dinero del club compra solo derecho de uso o compra también poder económico sobre el edificio.
Activo valioso
Gran Canaria llega a ese debate con ventaja y con riesgo. Ventaja, porque puede estudiar lo que ya ha ocurrido en otras ciudades y evitar errores ajenos. Riesgo, porque cada una de esas experiencias demuestra que un estadio reformado para competir en la élite y aspirar a rentabilidad estable exige una letra pequeña extremadamente precisa.
Bilbao enseña que la estabilidad requiere diseño empresarial; Zaragoza, que el retorno público puede blindarse con canon y porcentaje sobre negocio; Anoeta, que la inversión privada puede justificar décadas extra de explotación; Son Moix, que las ambigüedades sobre mantenimiento acaban costando millones; y Balaídos, que la cesión gratuita termina reabriendo la discusión política. El convenio que negocien el Cabildo y la UD Las Palmas tendrá que elegir, con firma grancanaria, entre esas cinco grandes familias de modelo. Y de esa elección dependerá no solo dónde jugará la UD, sino cómo se gobernará durante décadas uno de los activos públicos más valiosos del deporte canario.
Con todos estos precedentes sobre la mesa, Gran Canaria se enfrenta a una decisión estructural. El nuevo convenio no será una simple actualización del anterior. Será la pieza que determine cómo se explota un estadio que aspira a ser sede mundialista, espacio de eventos, motor económico y símbolo institucional.
El Cabildo quiere preservar la titularidad pública y el control del recinto. La UD Las Palmas, tras comprometer una inversión histórica, busca participar en la gestión y en los ingresos que generará el nuevo estadio. Entre ambas posiciones se abre un abanico de modelos posibles: desde la cogestión con reparto de ingresos hasta fórmulas con canon, explotación parcial o estructuras societarias más complejas.