La Audiencia Nacional ha señalado a la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FILFP) como epicentro de una trama delictiva que incluye corrupción en los negocios, apropiación indebida, fraude de subvenciones, estafa y falsedad documental.
Este caso, que abarca un período de más de seis años, entre 2010 y 2017, revela un esquema delictivo donde altos cargos de la Federación presuntamente habrían aprovechado su posición para desviar fondos públicos, inflar contratos y emitir documentación falsa. Así lo considera el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional en una de las piezas separadas del caso Soule.
Principal responsable
Entre los investigados se encuentra Valentín Sainz-Rozas Blanco, ya fallecido y que ejerció en ese periodo como vicepresidente encargado de asuntos económicos. En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, figura señalado como el principal responsable de la trama.
Según la investigación, Sainz-Rozas utilizó su cargo para adjudicar contratos inflados de obras y suministros a empresas con las que mantenía acuerdos presuntamente ilícitos.
Sobreprecio
Entre estas compañías destacan ICD, Triton Sport y Magein 2012, todas implicadas en el supuesto esquema de sobrefacturación y recepción de pagos indebidos.
Los hechos investigados incluyen la remodelación del campo del Colegio Heidelberg, adjudicada por 232.558 euros, aunque el coste real de las obras era de 183.244 euros. El sobreprecio, calculado en 44.592 euros, se justificó con documentos presuntamente falsificados que ocultaban la financiación parcial del colegio.
Por otro lado, la instalación de césped artificial en el campo Alfonso Silva también habría sido objeto de irregularidades, con pagos inflados que alcanzaron los 261.496 euros, mediante facturas emitidas por empresas que supuestamente no prestaron servicios reales.
El presidente
Además, otros implicados como Antonio Suárez Santana, expresidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas, y Juan Carlos Naranjo Sintes, exsecretario general del organismo provincial, habrían colaborado en la presunta aprobación de estas facturas y certificados falsos.
Las investigaciones señalan también a Juan Francisco Espino Sánchez-Grande y Juan Manuel Soria Hurtado, vinculados a empresas que participaron en las supuestas contrataciones fraudulentas, como responsables de haber facturado materiales a precios inflados o por cantidades no entregadas.
Subvenciones del CSD y la RFEF
Los fondos desviados incluyen subvenciones públicas otorgadas por el Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Española de Fútbol, destinadas al desarrollo del fútbol no profesional.
En total, se estima que el importe desviado supera los 1,4 millones de euros, con presuntos pagos indebidos por parte de la Federación a empresas controladas por los investigados.
Diez días de plazo
El auto judicial señala que los hechos podrían constituir delitos de corrupción continuada en los negocios, apropiación indebida, fraude de subvenciones, estafa y falsedad documental.
La Audiencia Nacional ha dado un plazo de diez días para que el Ministerio Fiscal y las partes acusadoras presenten escritos de acusación o soliciten el sobreseimiento del caso, dejando abierta la posibilidad de un juicio oral que podría tener graves consecuencias legales para los implicados.