El caso de presunta violencia de género que salpica al futbolista argentino Sergio El Chino Araujo sigue dando coletazos en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria y en las redes sociales.
El jueves fue una hermana del delantero quien salió a defenderlo en las redes sociales, ridiculizando de paso a la expareja del jugador, y este viernes ha tomado el relevo su abogada, Cruz Rodríguez, que tilda las acusaciones de falsas y las enmarca en una suerte de campaña para "desprestigiar" a su cliente y sacarle "más dinero", según los mensajes publicados en respuesta a las informaciones de Atlántico Hoy.
Mientras, en silencio, la Fiscalía de Las Palmas señala al exjugador de la UD Las Palmas como "criminalmente responsable" del desalojo forzoso de su expareja y de su hija de ocho años, ejecutado el pasado miércoles 17 de junio en la capital grancanaria.
Según un informe del ministerio público, el actual delantero del Club Cerro Porteño de Paraguay utilizó a sus familiares directos para recuperar por la fuerza el piso en el que vivían su exnovia y su hija, con el único objetivo de poner el inmueble a la venta.
Desalojo coordinado desde el extranjero
El documento de la Fiscalía detalla que las dos hermanas del futbolista, una de las cuales cuenta con un poder general otorgado por Araujo, aprovecharon que la denunciante estaba ausente por enfermedad y accedieron al inmueble situado en la avenida Mesa y López.
Con la ayuda de un cerrajero, cambiaron la cerradura de la puerta, conectaron un sistema de alarma y dejaron todas las pertenencias y ropa de la madre y de la menor en la vía pública.
Añade la fiscal que las propias implicadas reconocieron en sede judicial haber actuado como meros brazos ejecutores del deportista. "Mi hermano nos dijo que entráramos y también que le diéramos las pertenencias", manifestó textualmente una de ellas, "es voluntad de mi hermano recuperar la posesión de la vivienda para poder venderla", explicó la otra.
Ante esta confesión, la postura del ministerio público es clara: "Al haber actuado las denunciadas por instrucción de su hermano, se entiende que el mismo es criminalmente responsable de los hechos". La Fiscalía recuerda que la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo prohíbe taxativamente la recuperación de una posesión por la fuerza y advierte que esta maniobra podría constituir delitos penales de realización arbitraria del propio derecho, allanamiento de morada o coacciones.
Un conflicto que arranca en enero
Este grave incidente no es un hecho aislado, sino la última manifestación de un conflicto que estalló a principios de año. El pasado mes de enero de 2026, la expareja del futbolista interpuso una denuncia en la Comisaría de Las Palmas-Norte acusando a Araujo de un calvario de malos tratos habituales, tirones de pelo, amenazas y un férreo control económico ejercido entre 2022 y 2025, periodo en el que convivieron en el piso de Mesa y López tras reanudarse la relación.
La denunciante detalló entonces que el futbolista, que viajaba con frecuencia a la isla en sus periodos de inactividad, profería insultos diarios y humillaciones que se intensificaban cuando consumía bebidas alcohólicas.
Entre los episodios descritos en el atestado destaca el del verano de 2024, cuando el jugador llegó ebrio de madrugada exigiendo a gritos que abandonaran el piso: "Que te vayas de mi casa, tú y mi hija (...), yo compro todo, te doy 1.900 euros". Asimismo, consta otra presunta agresión física en la vía pública, donde el delantero la agarró fuertemente del cuello y levantó a la menor a la fuerza, provocando que la madre sufriera al día siguiente una úlcera de estómago por estrés.
Sin medidas de protección
A pesar del historial, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 denegó el pasado 30 de enero las medidas cautelares de protección. La justicia no lo hizo por falta de indicios o de riesgo, sino exclusivamente por una cuestión geográfica: el jugador se encontraba residiendo y ejerciendo su profesión en Paraguay.
Al verse impune por la distancia, la acusación sostiene que el futbolista ha continuado presionando hasta ejecutar lo que su abogado califica ahora como un acto flagrante de violencia instrumental a distancia, según la ampliación de la denuncia presentada.
Conflicto de competencias
El escrito de la Fiscalía aborda también lo que denomina el "nudo gordiano" del procedimiento: demostrar si la madre y la niña residían de forma efectiva en el inmueble, dado que habitaban allí en base a un acuerdo verbal y no existía un pronunciamiento judicial previo sobre el uso del domicilio. Para certificarlo, el juzgado ha tomado declaración al conserje del edificio (confirmó que las veía a diario y recibían la correspondencia) y se han solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad.
Al confluir el desahucio forzoso con la causa abierta por malos tratos, la Fiscalía se ha declarado incompetente para seguir el trámite en los juzgados de instrucción ordinarios (donde se interpuso la denuncia por el cambio de cerradura) y ha exigido formalmente que la causa se traslade de inmediato a la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Las Palmas.
Será este órgano específico el que deba resolver de urgencia la solicitud de la denunciante, esto es, la restitución inmediata del domicilio familiar a la madre custodia, basándose en el principio legal invocado por el propio Ministerio Público: por encima de los planes de venta del futbolista, los deberes inherentes a la patria potestad incluyen la obligación ineludible de "prestar techo" a su hija menor de edad.
La defensa, en cambio, se opone. Sostiene que la denunciente no vivía en la casa, sino que lo simulaba para poder quedársela, y que el inmueble es propiedad de Araujo y anterior a la relación. También reclama el archivo de la denuncia por violencia de género.