La reforma del Estadio de Gran Canaria y su encaje en la candidatura al Mundial de Fútbol 2030 se han convertido en algo más que un debate técnico o presupuestario. Hoy son el reflejo de una oportunidad política y estratégica que el actual grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria no supo —o no quiso— explorar, especialmente si se compara con el modelo aplicado en otras ciudades españolas con estadios de titularidad pública.
El caso de Anoeta, en San Sebastián, sigue siendo el ejemplo más claro. Allí, la Real Sociedad asumió un compromiso económico directo para la remodelación de un estadio municipal, aportando una parte sustancial de la inversión total y obteniendo a cambio una concesión de uso a muy largo plazo, estabilidad en la gestión y capacidad de generar ingresos. Un esquema de corresponsabilidad entre administración y club que permitió alinear intereses deportivos, económicos e institucionales.
Otro camino
En Gran Canaria, el camino elegido ha sido otro. El Cabildo ha reiterado públicamente que financiará las obras con recursos propios, reivindicando su condición de propietario único del Estadio de Gran Canaria. Así lo subrayó Antonio Morales, presidente de la corporación insular, el 20 de marzo a pregunta de Atlántico Hoy sobre la posibilidad de incluir al club amarillo en la financiación de la reforma del recinto de Siete Palmas. "De momento, expuso, "el Cabildo de Gran Canaria contempla financiar las obras con recursos propios” porque asumía al 100% la gestión de la instalación deportiva.
Ese mismo día, desde la administración pública se recalcó que la UD Las Palmas es únicamente un arrendatario, sujeto a un canon anual. Ese planteamiento, lejos de cerrar el debate, ahora ha terminado por abrir una brecha política y deportiva que hoy se expresa en forma de desencuentro público.
Pulso
La tensión ha ido en aumento en las últimas semanas y ha cristalizado en un cruce de declaraciones que evidencian la ausencia de un proyecto compartido. Desde el club se cuestiona un modelo en el que la entidad que da sentido deportivo al recinto queda al margen de su futura gestión, mientras desde el Cabildo se interpreta esa aspiración como una presión indebida.
En este contexto, el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, dio este miércoles un paso más al deslizar abiertamente la alternativa de un estadio propio. En declaraciones realizadas a la emisora oficial del club, aseguró que la entidad dispone de “unos terrenos para construir un estadio” y que el proyecto podría ser presentado en los próximos meses, marcando un punto de inflexión en el debate.
Ramírez precisó que ese plan no pasa por Barranco Seco y defendió que la posición del club no busca privilegios ni atajos administrativos. Según explicó, la UD Las Palmas no reclama una adjudicación arbitraria del Estadio de Gran Canaria, sino conocer con claridad cuál será el procedimiento futuro, ya sea mediante concurso u otra fórmula reglada, para optar legítimamente a la gestión.
Aspiración legítima
El máximo dirigente amarillo insistió en rebajar el tono del enfrentamiento y enmarcó la controversia en un posible malentendido institucional. Reivindicó la aspiración histórica del club a gestionar el estadio como algo legítimo y recordó que la relación con los distintos presidentes del Cabildo ha sido tradicionalmente fluida, citando como ejemplos actuaciones pasadas como la eliminación de las pistas de atletismo, la aproximación de las gradas o la mejora estética del recinto.
Sin embargo, dejó claro su desacuerdo con el escenario que se dibuja a futuro. A su juicio, no es razonable que durante las próximas cuatro o cinco décadas la UD Las Palmas compita en un estadio cuya gestión recaiga en un tercero ajeno al club. Desde una perspectiva estrictamente empresarial y deportiva, Ramírez defendió que sería difícilmente justificable como gestor aceptar ese marco a largo plazo.
¿Rentabilidad sin la UD?
El mensaje de fondo es inequívoco: si no hay encaje en el Estadio de Gran Canaria, la UD Las Palmas explorará otras vías. Una posibilidad que, de confirmarse, alteraría por completo el ecosistema deportivo de la Isla y obligaría a replantear el uso, la rentabilidad y el sentido estratégico de una infraestructura pública de primer nivel.
La paradoja es evidente. Mientras en otros territorios se tendieron puentes entre instituciones y clubes para modernizar estadios públicos y asegurar su viabilidad futura, en Gran Canaria el desencuentro ha ido creciendo hasta convertir una posible alianza en un conflicto abierto. El modelo Anoeta no era una garantía de éxito, pero sí una referencia clara de lo que podía haberse intentado. Hoy, con la amenaza de un estadio alternativo sobre la mesa, esa vía aparece ya como una oportunidad perdida.