Los servicios jurídicos de la UD Las Palmas defienden la legalidad de la compraventa de 2.393 acciones que Seguridad Integral Canaria (SIC) realizó a Miguel Ángel Ramírez en septiembre de 2017 y rechazan que el precio de 224.942 euros abonado por el empresario estuviera por debajo del valor de mercado. La respuesta llega después de que Atlántico Hoy publicara que el administrador concursal de la antigua empresa de seguridad reclama judicialmente la devolución de esos títulos, a los que atribuye un valor contable de 2,44 millones de euros.
La posición jurídica del club se apoya en un argumento central: los 94 euros pagados por cada acción no constituyeron una excepción ni un precio fijado exclusivamente para aquella operación. Según explican sus servicios jurídicos, esa cantidad ha sido la referencia utilizada en las compraventas de acciones de la sociedad anónima deportiva —"la Unión Deportiva es un círculo muy cerrado", subrayan—, tanto antes como después de que Ramírez adquiriera los títulos de Seguridad Integral Canaria.
Como ejemplo, señalan una ampliación de capital de 500.000 euros realizada por la UD Las Palmas apenas tres meses después de aquella compraventa, en la que las acciones también se ofrecieron a 94 euros —y sólo se vendieron 198—. Añaden que el propio Ramírez ha adquirido posteriormente otros títulos por ese mismo importe y que distintas operaciones entre accionistas se han cerrado igualmente a ese precio.
Dos valoraciones
La diferencia entre el precio de las operaciones y el valor contable constituye uno de los principales puntos de controversia del procedimiento judicial. El administrador concursal de Seguridad Integral Canaria, Juan Carlos Santos Barja, sostiene que las 2.393 acciones tenían un valor de 2.449.450,87 euros, frente a los 224.942 euros pactados en septiembre de 2017.
La valoración defendida en la demanda multiplica por casi once el precio de compraventa. Sin embargo, los servicios jurídicos de la UD Las Palmas consideran que el valor reflejado en los libros no puede equipararse automáticamente al precio de mercado de las acciones. Para sostener su posición, remiten a las operaciones efectivamente realizadas con títulos del club, incluida la ampliación de capital posterior.
La discrepancia resulta determinante para las pretensiones del administrador concursal, que solicita la rescisión de la compraventa y la restitución de las acciones al patrimonio de Seguridad Integral Canaria. Si no fuera posible recuperarlas, reclama subsidiariamente el abono de los 2,44 millones de euros que considera su valor real.
Control accionarial
Los servicios jurídicos también descartan que una eventual sentencia favorable a Seguridad Integral Canaria pueda alterar el control de la UD Las Palmas. Según sus cálculos, las 2.393 acciones reclamadas representan actualmente alrededor del 2% del paquete accionarial controlado por Miguel Ángel Ramírez, que alcanza aproximadamente el 70% del capital social del club.
De acuerdo con esos porcentajes, los títulos en disputa equivaldrían aproximadamente al 1,4% del capital total de la sociedad anónima deportiva. Su devolución, en caso de que así lo acordara la Justicia, reduciría la participación controlada por el empresario, pero no pondría en peligro su posición mayoritaria.
Orden preferente
Además, los servicios jurídicos recuerdan que los estatutos de la UD Las Palmas establecen un mecanismo de adquisición preferente que afectaría a una eventual venta posterior de las acciones. Según su interpretación, si Seguridad Integral Canaria recuperara los títulos y decidiera desprenderse de ellos, tendría que ofrecerlos primero al consejo de administración antes de acudir a otros posibles compradores.
Esta previsión estatutaria constituye otro de los argumentos utilizados por el entorno jurídico del club para descartar que el procedimiento mercantil pueda desembocar en una modificación sustancial de su estructura de propiedad.
El administrador concursal
La respuesta de los servicios jurídicos incorpora, además, una referencia a la actuación del propio administrador concursal que ahora reclama la devolución de las acciones amarillas. Según señalan, Juan Carlos Santos Barja adquirió acciones del CD Tenerife a título de Seguridad Integral Canaria cuando la empresa ya se encontraba inmersa en el procedimiento concursal.
Los servicios jurídicos ponen así el foco en una operación realizada durante la administración del patrimonio de SIC, aunque no han aportado en esta respuesta datos sobre el número de acciones del conjunto blanquiazul adquiridas, su precio o las circunstancias concretas de aquella compra.
La controversia sobre las acciones de la UD Las Palmas mantiene abiertos dos frentes judiciales. En el ámbito mercantil, el administrador concursal pretende recuperar los títulos o su valor económico para la masa del concurso. Paralelamente, el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria investiga la compraventa dentro de unas diligencias penales relacionadas con presuntos delitos de insolvencia punible y otras posibles irregularidades.
Añadir AtlánticoHoy como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.