Es la primera vez que una entidad estatal rubrica un documento de estas características sobre un presidente del representativo en sus casi 100 años de historia.
Según se desprende del oficio emitido en las últimas horas por el CSD, Concepción quedará inhabilitado para ejercer como presidente del Club Deportivo Tenerife (y por ende de la Fundación Canaria del CD Tenerife) así como para continuar como consejero y administrador de la sociedad blanquiazul desde que sea firme la decisión judicial que le condena.
Lo más llamativo e interesante del oficio es que el Consejo entra de lleno en la sentencia contra Miguel Concepción y se pronuncia con claridad sobre la misma, ofreciendo además un largo catálogo jurídico respecto al articulado de leyes vigentes que le abocarían a la inhabilitación. La comunicación del CSD se produce en respuesta al menos a dos accionistas o colectivos de accionistas, cuyas comunicaciones tuvieron registro de entrada en Madrid los días 11 de noviembre y 2 de diciembre del año pasado, respectivamente.
El escrito del CSD se circunscribe a "la sentencia condenatoria de la Sala Sexta de la Audiencia Provincial de Tenerife (sic) contra el Presidente del Consejo de Administración del CD Tenerife por un delito continuado de estafa" y la consideración acerca de "la concurrencia de una prohibición para ejercer la presidencia del club". En una de las respuestas remitidas ayer a los accionistas denunciantes, el Consejo se pronuncia "acerca de la inviabilidad de la permanencia de dicha persona" al frente del conjunto isleño.
El Consejo apela al artículo 24.2 de la Ley del Deporte y al 21.2 del RD 1255/1999. Asimismo, expone a renglón seguido el Real Decreto Legislativo 1/2010, del 2 de julio. "No pueden ser administradores los condenados por delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico", puede leerse textualmente en el documento que hoy publica en exclusiva la SER.
Sentencia en firme
Ahora bien, el CSD entiende que para que se incurra en la prohibición señalada es necesaria una condena firme sin que conste, hasta la fecha, la firmeza de la sentencia anteriormente citada. El escrito del Consejo es absolutamente contundente. Explica que "en relación con las consecuencias de una sentencia firme en el caso que nos ocupa, el artículo 224.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010 dispone que los administradores que estuviesen incursos en cualquiera de las prohibiciones legales deberán ser inmediatamente destituidos, a solicitud de cualquier accionista", lo cual literalmente subraya.Este escrito corrobora la información publicada por Radio Club Tenerife el 2 de noviembre en cuanto a que bastaría tan solo la reclamación de un accionista para que decayese de inmediato la presidencia de Concepción Cáceres. De ahí que resulte extraño pensar en que pueda concurrir a la reelección [habrá un proceso de renovación del consejo de administración en los próximos meses], pues sería un cuarto mandato que caducaría abruptamente desde que el TS se pronunciase en su contra.
De hecho, acaba el escrito del CSD avanzando que "en el momento que este organismo tenga constancia de la firmeza de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Tenerife (sic), se ponga en conocimiento del club y de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, a efectos de que tomen las medidas pertinentes en el marco de sus competencias".
Firma el escrito Ángel Luis Martín Garrido, subdirector general de Régimen Jurídico del Deporte. La reputación de Concepción y sus opciones de continuar al frente del Tenerife quedan muy seriamente dañadas con la publicación de este oficio, que llega justamente en la misma semana que la SER revelaba en primicia los pormenores de los tratos del CD Tenerife con las empresas audiovisuales del presidente. Según anticipó Radio Club el pasado martes, la televisión de la que es propietario facturó al club por los partidos del infantil femenino, que fueron reproducidos un mínimo de 14 veces a la semana; y el miércoles, lo que se conocía eran los pormenores para la difusión en su emisora de radio del programa oficial del representativo, con anotación entre los gastos de "un porcentaje para infraestructuras" para la emisora de Concepción Cáceres.
La publicación de estas informaciones periodísticas ha causado gran revuelo y escándalo entre diversos colectivos de animación, peñas y grupos de accionistas que reiteran la necesidad de que el empresario palmero dimita. "No le has dado nada a nuestro club y le has despojado de toda su grandeza", ha sido la rotunda reacción en Twitter del Frente Blanquiazul.