Más de 560.000 asalariados canarios, seis de cada diez, se beneficiarían directamente de la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales que Fernando Clavijo se ha mostrado dispuesto a debatir en el Congreso.

Los sindicatos valoran el gesto del presidente autonómico, aunque insisten en que el acuerdo “ya está hecho” a nivel estatal y en que el verdadero obstáculo está en el control de las horas extras.

Acuerdo estatal cerrado

La secretaria general de CCOO en Canarias, Vanesa Frahija, recordó que la reducción de jornada es fruto de un acuerdo entre sindicatos y el Ministerio de Trabajo y que su tramitación parlamentaria está en curso. “No podemos entender que se hable de abrir un debate de lo que ya es un acuerdo social para todo el Estado”, advirtió.

Frahija señaló que el principal problema no es la reducción en sí, sino el fraude de las horas extraordinarias. Según sus cálculos, en Canarias las empresas dejan de pagar y cotizar 34 millones de euros al año, lo que perjudica tanto a los trabajadores como a la Seguridad Social y sus pensiones futuras.

UGT celebra el gesto

El vicesecretario general de Organización de UGT en Canarias, Francisco González, consideró positivo que Clavijo respalde el debate pese a no estar vinculado a la izquierda. “Es muy positivo que un dirigente, independientemente del color político, esté dispuesto a debatirlo. Hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar”, afirmó.

González defendió que la medida no debe verse como una concesión sindical, sino como un paso para concienciar al empresariado. “En Canarias batimos récords de beneficios, pero también récords de precariedad. Esto debe abrir una etapa de diálogo social más fructífera”, subrayó.

Impacto en Canarias

De acuerdo con el gabinete técnico de CCOO, 559.569 asalariados trabajan hoy más de 37,5 horas semanales en el Archipiélago. El sindicato recuerda que más del 62 % de los asalariados superan incluso las 40 horas, lo que refuerza la necesidad de aplicar la reforma.

Además, CCOO insiste en que la reducción debe ir acompañada de la desconexión digital y de un control efectivo del registro horario para evitar abusos. “Lo que pedimos es que el Parlamento, los cabildos y los ayuntamientos se posicionen claramente a favor”, concluyó Frahija.