Un informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 calculaba en diciembre que 97.137 personas en Canarias se verían afectadas por la finalización de contratos de alquiler firmados tras la pandemia, cuya revisión comenzará a producirse a principios de 2026.
Según sus estimaciones, estas renovaciones podrían implicar incrementos cercanos a 190 euros mensuales, un escenario que el Gobierno busca evitar mediante nuevas medidas legales. El elemento central pasa a ser la congelación temporal de los alquileres.
Los contratos alcanzan ahora los cinco años de duración establecidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos, su revisión situaba a miles de hogares ante posibles actualizaciones de renta, lo que motivó la aprobación de un decreto para limitar las subidas.
Prórroga extraordinaria
El real decreto ley aprobado por el Gobierno introduce la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria cuando el contrato finalice dentro del periodo establecido. El inquilino podrá ampliar el arrendamiento hasta dos años adicionales manteniendo las mismas condiciones contractuales, incluido el precio. La medida establece una extensión obligatoria del contrato si la solicita el arrendatario.
El Ministerio estima que alrededor de 630.000 contratos deberán revisarse en toda España, de los cuales casi 40.000 corresponden a Canarias. Todos fueron firmados tras la pandemia y llegan ahora al límite temporal fijado por la legislación vigente. Este proceso concentra en un mismo periodo una elevada cantidad de renovaciones, configurando una revisión masiva de contratos de alquiler.
El propietario deberá aceptar esta prórroga salvo en los supuestos previstos legalmente, lo que permite mantener la continuidad residencial sin cambios inmediatos en la renta. La norma se dirige a contratos de vivienda habitual y busca garantizar la estabilidad del alquiler vigente durante el periodo extraordinario.
Límite del 2%
El decreto fija además un límite del 2% a la actualización anual del alquiler, especialmente en el caso de grandes tenedores. Con ello se impide que las revisiones reflejen incrementos superiores durante el tiempo de aplicación de la medida. Este mecanismo introduce un tope legal a las subidas del alquiler.
Para propietarios particulares, cualquier incremento deberá acordarse entre las partes y, en ausencia de pacto, tampoco podrá superar ese porcentaje. Las medidas permanecerán vigentes hasta finales de 2027, configurando un marco temporal de regulación excepcional del mercado del alquiler.