El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) celebra este jueves una sesión ordinaria que vuelve a estar marcada por las irregularidades en la Fundación Puertos de Las Palmas y la auditoría realizada por Puertos del Estado.
En esta ocasión es la Abogacía del Estado la que pone sobre la mesa sus conclusiones con respecto a las anomalías, aunque sus directrices no se votarán ni se debatirán de forma independiente: la APLP ha optado por incluirlas en el orden del día como una adenda dentro de los Informes de Presidencia.
¿Dación de cuentas o dictamen jurídico?
El título de ese informe de presidencia alude a las "actuaciones llevadas a cabo por la Fundación Canaria Puertos de Las Palmas" en relación a la contratación de "nueva gerencia", el "traslado" a la Intervención General de la Administración del Estado (Delegación Especial de Economía y Hacienda en Canarias - Las Palmas) de la auditoría interna de Puertos del Estado, y el "cumplimiento" de la orden ministerial que desde 2013 obliga a la entidad a perder la condición de fundación del sector público estatal.
Detrás de esas cuestiones, sin embargo, subyace la postura de la Abogacía del Estado, cuya representante en el Consejo de Administración cumple una doble función: asesorar a los integrantes del órgano colegiado y velar por la legalidad de los acuerdos.
Alcance aún por determinar
Las fuentes consultadas explican que la representante estatal aboga por defender la legalidad hasta sus últimas consecuencias, entre ellas remitir la auditoría a la IGAE para que determine si de las anomalías administrativas y económicas detectadas se derivan responsabilidades contables exigibles, recalcando que el nombramiento de la anterior gerente fue ilegal y que la entidad está obligada a privatizarse en un año, entre otras consideraciones que afectan a los patrocinios y los servicios adjudicados bajo su gestión.
Esta reconversión no solo viene impuesta por la directriz de Hacienda de 2013, sino porque en 2028 vence la concesión del edificio público que la APLP cedió como sede a la Fundación, cuyo alquiler a terceros constituye su principal fuente de financiación. Revertir esa suerte de donación implicaría importantes desembolsos de los patronos, quienes, para compensar la salida de la administración estatal, se verían obligados a costear de su bolsillo buena parte del dinero público invertido en la reforma del inmueble.
Publicidad, mérito y capacidad
Ante el resultado de la auditoría y la postura de la Abogacía del Estado, la entidad ha adoptado varias decisiones para corregir la situación, como aceptar la dimisión de la gerente, Betsabé Morales, e iniciar un proceso de selección para cubrir el puesto conforme a los principios de publicidad, mérito, capacidad e idoneidad.
También se ha encargado un informe sobre el futuro de la Fundación Puertos de Las Palmas, dado que la recomendación expresa de los auditores, tras constatar los obstáculos para su privatización, apunta directamente a su liquidación.
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