La Fundación Canaria Puertos de Las Palmas ha activado una convocatoria pública de máxima urgencia para seleccionar a su nuevo director gerente. La premura del proceso ha causado sorpresa en el sector portuario, con vacantes que siguen sin cubrirse, como la de jefe comercial de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, cuya presidenta, Beatriz Calzada, lo es también de la Fundación.
Las bases, además, otorgan un plazo de únicamente 10 días hábiles para que los aspirantes presenten sus candidaturas, un tiempo récord en el que se examinará quién cuenta con la preparación idónea para asumir los complejos planes de reestructuración técnica y responder a las serias advertencias sobre el futuro de la entidad, sobre todo tras la auditoría realizada por Puertos del Estado.
El proceso se ha declarado de "tramitación de urgencia" debido a la necesidad de cubrir la vacante tras la traumática dimisión de su anterior gerente, Betsabé Morales. Su salida se produjo después de que una demoledora auditoría interna dictaminase que su nombramiento fue ilegal al haberse realizado a dedo, vulnerando por completo los principios obligatorios de publicidad, mérito y concurrencia, entre otras irregularidades relacionadas con su gestión.
Gastos bajo sospecha
La renuncia de Morales, aceptada en un tenso consejo extraordinario, destapó una profunda crisis institucional. El informe de los auditores estatales no solo ponía el foco en la contratación irregular de la gerente, sino en un preocupante entramado de gestión.
La auditoría denunció el uso de la Fundación pública para realizar contrataciones con tintes políticos, encadenamientos irregulares de contratos de personal y un largo catálogo de gastos ajenos a la actividad portuaria. Entre ellos destacaban patrocinios deportivos opacos, subvenciones a celebraciones religiosas, facturas de hasta 14.900 euros para financiar entrenadores personales para maratones o contratos a personas o empresas afines.
La entidad se encuentra en un callejón sin salida, con varios problemas que amenazan su continuidad, entre ellos una estructura sin plantilla real, la pérdida obligatoria de su sede actual para el año 2028 y un muro financiero insalvable de 2,3 millones de euros en aportaciones públicas que impide su privatización para salvarla del naufragio.
Objetivos de la nueva gerencia
Es precisamente este escenario de quiebra institucional el que explica el ajustado plazo de 10 días para captar proyectos. La Fundación no busca un gerente para proyectar un crecimiento a largo plazo, sino un perito técnico que gestione su cierre o transformación, según resulten las conclusiones del informe que se ha encargado para despejar su futuro.
Las bases de la convocatoria, aprobadas por la dirección de la entidad, avisan explícitamente a los candidatos de que la plaza conlleva una altísima inestabilidad laboral. El texto estipula que la persona seleccionada, con un salario anual de 61.826,31 euros brutos, tendrá como función "primordial y prioritaria" el diseño, coordinación y ejecución técnica de la transformación, integración o liquidación definitiva de la Fundación Puertos de Las Palmas.
Para ello, el proceso exige como requisito de acceso una experiencia mínima de cuatro años en el sector público. Los aspirantes deberán demostrar ante la comisión de valoración —en una fase de entrevista decisiva— su capacidad para liderar el plan de extinción, actuar de interlocutor ante el Protectorado de Fundaciones, liquidar el inventario de bienes o gestionar el fin de las relaciones laborales vigentes.
¿Repetirá Betsabé?
El reloj corre para una Fundación bajo mínimos que, tras los escándalos de su anterior gerencia, dispone de diez días hábiles para encontrar a su último administrador.
Varias consultas realizadas en el foro portuario no descartan que la propia Betsabé Morales opte al puesto, esta vez mediante el obligatorio proceso de selección. Los patronos, de hecho, la felicitaron en la junta de su dimisión por el trabajo realizado.
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