Con dos votos en contra y dos salvedades, la Fundación Puertos de Las Palmas (FPLP) ha aprobado este viernes sus cuentas de 2025. No fue fácil y hubo de todo, aunque con elegancia inglesa, sin más crispación que la manera de ser de cada cual, coinciden tres fuentes presentes en la asamblea de patronos, las cuales han sido consultadas para elaborar esta crónica a ciegas.
Y es que la cosa no sólo duró tres horas, sino que comenzó fuerte, con la dimisión de la gerente, Betsabé Morales, tras las exigencias de Puertos del Estado y las irregularidades detectadas en la FPLP, ambas reveladas en exclusiva por Atlántico Hoy en sus ediciones del 30 de junio y del 17 de junio.
Aplausos de despedida
Morales acudió a la asamblea para despedirse y comunicar su renuncia a los patronos, que la aceptaron y le agradecieron el trabajo con aplausos y todo. Unos dicen que por alivio, otros que por cortesía: en el camino a seguir se mezclaron el interés público con el privado, pero el esfuerzo dedicado a reactivar una entidad condenada a desaparecer sigue ahí, como el dinosaurio de Monterroso.
La presidenta de la FPLP y de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, no entró en la contratación ilegal de su gerente y compañera de partido en Coalición Canaria (CC), cuestión que queda resuelta en el plano administrativo por la dimisión de la propia afectada, aunque falta por dilucidar si existe o no responsabilidad contable, tanto por los sueldos abonados como por los contratos realizados a empresas y personas afines.
El asunto, de hecho, podría acabar en el Tribunal de Cuentas, pues la entidad está obligada a enviar la auditoría a la Administración General del Estado, que deberá analizar si existe o no dicha responsabilidad contable. Será, en cualquier caso, el nuevo capítulo de una crisis que sigue abierta, con un futuro incierto para la FPLP.
Cárcel jurídica
La presidenta explicó que la Fundación está atrapada en una "cárcel jurídica", pero las medidas puestas sobre la mesa convencieron a los patronos para sacar las cuentas por mayoría, dando así el primer paso en firme para salir del atolladero, tras dos intentos fallidos para aprobar el balance.
Eso sí: en contra votaron la federación de servicios portuarios Oneport y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que Capitanía Marítima y la Universidad aclararon que sólo respaldaban las cuentas, es decir, la situación contable, sin que eso supusiera una convalidación de las anomalías detectadas por los auditores.
Patronos privados de peso, como El Perpetuo Socorro y Hamilton, lamentaron abiertamente que las cosas no se hicieran bien, advirtiendo este último con abandonar la FPLP si no se reconduce la situación. La postura de la histórica consignataria es importante porque es uno de los fundadores de la entidad junto con Astican y Boluda.
Hoja de ruta
Entre las medidas aprobadas para corregir las anomalías destaca el encargo de un informe jurídico para valorar el futuro de la Fundación, que está abocada a su transformación o liquidación.
La voluntad de la Autoridad Portuaria y de los patronos fundacionales es convertirla en una fundación privada, pero las cuotas a pagar tras la devolución de la sede a la administración complican la operación hasta bloquearla.
Por eso es preciso un informe jurídico que actualice y complemente el realizado en 2017. El objetivo es analizar la situación actual y valorar las opciones de futuro: su transformación en privada conforme a la Orden Ministerial de 2013 o su liquidación. Esto último es lo que propone la auditoría de Puertos del Estado.
Los patronos también han decidido abrir un proceso de selección para cubrir la renuncia de la gerente y cubrir el día a día de la Fundación hasta que se resuelva su destino. La fecha clave es abril de 2028, que es cuando termina la concesión del edificio cedido por la APLP, cuyo alquiler a terceros constituye la principal fuente de ingresos de la entidad, con más de 300.000 euros al año.
Malestar
Otra decisión importante es continuar con los procesos de adjudicación y licitación de los servicios necesarios para el funcionamiento de la entidad. Esto permitirá poner fin a los contratos menores que encendieron las alarmas de los auditores.
Al margen de estas acciones, en el puerto existe un malestar cada vez mayor por el exceso de politización, de propaganda y de viajes, una estrategia de comunicación y de gestión distinta a la de otros mandatos, la cual resta protagonismo a las actividades que sostienen los tráficos marítimos.
En público nadie lo dice, porque en el puerto no es costumbre criticar a sus presidentes, pero ahí están los desencuentros con el Ayuntamiento por el frente marítimo y el parque urbano, las polémicas con los sindicatos por la gestión de la plantilla, la renuncia del director comercial tras ganar la plaza en un concurso público y los reproches en el consejo de administración por el uso partidista de la Fundación, un incidente este último al que ahora se suma el uso inadecuado de recursos públicos detectado por Puertos del Estado en la auditoría.