La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA Canarias) ha reclamado a la Comisión Europea y al Consejo que respeten "la voluntad expresada por el Parlamento Europeo" y piden que no se active de forma provisional la parte comercial del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur "mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) analiza su legalidad".

En consonancia con su organización nacional, consideran que aplicar el acuerdo de manera provisional pese a la decisión del Parlamento Europeo (que ha solicitado un dictamen jurídico al TJUE), supondría “desvirtuar una resolución democrática adoptada por una Cámara claramente dividida". A juicio de ASAGA Canarias, esta división "evidencia la existencia de dudas jurídicas y políticas de fondo sobre el tratado". 

Desconfianza

ASAGA Canarias subraya que el pronunciamiento del Parlamento Europeo "no es meramente simbólico y debe ser respetado por el resto de las instituciones comunitarias". En este sentido, advierte de que "forzar la aplicación provisional del acuerdo mientras se resuelve el proceso judicial solo contribuiría a aumentar la desconfianza del sector agrario y de la ciudadanía hacia la Unión Europea".

La asociación valora positivamente "la movilización unitaria del campo europeo registrada en las últimas semanas, con concentraciones en Bruselas y Estrasburgo, que han logrado situar el debate sobre el acuerdo con Mercosur en el centro de la agenda política comunitaria". Asimismo, confía en que el calendario de manifestaciones previsto para este año "refuerce el mensaje de rechazo del sector agrario canario a este acuerdo en las condiciones actuales".

Preocupación

Por otro lado, ASAGA Canarias ha mostrado su preocupación "por las recientes declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, favorables a una posible aplicación provisional del acuerdo", al considerar que "no atienden ni a las dudas jurídicas planteadas ni a las preocupaciones expresadas por el sector agrario".

La organización insiste en que su postura "no pretende bloquear el comercio internacional", sino garantizar "la seguridad jurídica y el respeto institucional". A ello reclama que sea el "Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien determine el futuro del acuerdo UE-Mercosur", concluye en un comunicado.