La presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) y de la Federación de Asociaciones de Propietarios de Alquileres Vacacionales y Temporales (Fapavat), Doris Borrego, ha dirigido una carta abierta a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez García, en la que critica duramente la política estatal en materia de vivienda y rechaza que el alquiler vacacional sea señalado como responsable de la escasez de vivienda residencial.

En el escrito, Borrego responde a la comunicación remitida recientemente por el Ministerio a las comunidades autónomas para que inspeccionen y clausuren las viviendas vacacionales presuntamente ilegales detectadas a través del Registro Único de Arrendamientos Turísticos. La representante de los propietarios recuerda que "el Real Decreto 1312/2024, que regula dicho registro, fue anulado por el Tribunal Supremo al considerar que invadía competencias autonómicas y contravenía la normativa europea". 

Resolución judicial 

La presidenta de Ascav sostiene que, tras esa resolución judicial, "el Ministerio carece de competencias para declarar la ilegalidad de las viviendas vacacionales" y cuestiona que "se reclame a las comunidades autónomas actuaciones contundentes contra estos alojamientos". Además, afirma que miles de propietarios "asumieron gastos y trámites para adaptarse a una normativa que posteriormente fue anulada".

Borrego también advierte de que podrían "producirse reclamaciones económicas por parte de los propietarios afectados, tanto por los costes derivados de la inscripción como por el lucro cesante ocasionado por las restricciones a la actividad". Según expone en la carta, estas posibles indemnizaciones "podrían alcanzar cifras millonarias".

Ley de Vivienda

La dirigente de Ascav atribuye la actual crisis de acceso a la vivienda "a la Ley de Vivienda 12/2023" y asegura que la oferta de alquiler residencial "se ha reducido un 61% entre 2020 y 2026". A su juicio, la inseguridad jurídica generada por la normativa ha provocado "la retirada de viviendas del mercado y un aumento de los precios del alquiler".

Respecto a Canarias, Borrego asegura que "un 67% de las viviendas vacacionales nunca tuvieron uso residencial y se encuentran en suelo turístico", por lo que sostiene que, incluso en caso de desaparecer, "no pasarían al mercado de alquiler convencional". Asimismo, cita datos de un informe de Idealista correspondientes a marzo de 2026 según los cuales, "de las 13.441 viviendas vacacionales revocadas por el Registro Único en Canarias, 2.334 pasaron al alquiler de corta temporada, mientras que el resto se incorporó al parque de viviendas vacías". 

"No existe evidencia" 

La presidenta concluye que "no existe evidencia de un trasvase de viviendas vacacionales hacia el alquiler residencial" y acusa al Gobierno central de mantener una campaña que, a su juicio, "perjudica a propietarios, empresas gestoras y economías locales". No obstante, tiende la mano al Ministerio "para colaborar en la búsqueda de soluciones al problema de la vivienda desde la perspectiva de los propietarios y en coordinación con las instituciones europeas".