La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha denunciado al Gobierno de España ante la Comisión Europea por considerar que la normativa estatal sobre el registro de viviendas turísticas incumple la legislación comunitaria. La organización sostiene que el sistema español "obliga a los propietarios a realizar una doble inscripción para desarrollar la actividad", una exigencia que, según afirma, "contradice un reglamento europeo que entró plenamente en vigor el 20 de mayo".
La denuncia se produce tras la entrada en aplicación en toda la Unión Europea del Reglamento 2024/1028, una norma que regula la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de corta duración, entre ellos las viviendas vacacionales. Según explica ASCAV en un comunicado, el objetivo de esta regulación es "que las administraciones dispongan de información actualizada y real para la toma de decisiones sobre este tipo de alojamientos".
"Han ido más allá"
La asociación considera que el Gobierno español "ha ido más allá de lo exigido por Bruselas al implantar, mediante el Real Decreto 1312/2024, un procedimiento adicional de registro". De acuerdo con la entidad, las viviendas vacacionales "ya deben estar inscritas en los registros turísticos autonómicos", un requisito "obligatorio para poder ejercer la actividad" y que responde "a las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia turística"
Sin embargo, señalan que la norma estatal "incorpora también la obligación de registrarse ante el Registro de la Propiedad a través del denominado Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital". ASCAV sostiene que esta medida "supone una duplicidad administrativa" y que vulnera "el artículo 4.3 del reglamento europeo, que establece que una misma vivienda no debe estar sometida a más de un procedimiento de registro".
Doble obligación
La organización asegura además que la Comisión Europea ya trasladó a España en enero de este año "su preocupación por esta situación" y animó al Ejecutivo "a modificar la normativa para eliminar esa doble obligación registral". Según la asociación, el Gobierno "no introdujo cambios en la regulación, motivo por el que ha decidido elevar el caso a las instituciones europeas".
A partir de ahora, según expone ASCAV, la Comisión Europea "deberá solicitar alegaciones al Estado español para analizar si existe una posible vulneración del derecho comunitario". En caso de apreciarse incumplimientos, el procedimiento "podría derivar en un expediente de infracción contra España e incluso desembocar en sanciones económicas", concluyen.