Las asociaciones alertan de que la “inacción administrativa” hará desaparecer el campo canario

En cuanto a la crisis hídrica, una de las principales preocupaciones, insisten en que la agricultura “está pagando los platos rotos de la falta de planificación”

Guardar

De izquierda a derecha, Jorge Pelayo (UPA), Theo Hernando (Asaga), Sergio Rodríguez (Palca) y Miguel López (Coag) durante la rueda de prensa donde denunciar la falta de acción administrativa. / ATLÁNTICO HOY - ALBA MARICHAL
De izquierda a derecha, Jorge Pelayo (UPA), Theo Hernando (Asaga), Sergio Rodríguez (Palca) y Miguel López (Coag) durante la rueda de prensa donde denunciar la falta de acción administrativa. / ATLÁNTICO HOY - ALBA MARICHAL

Las asociaciones del sector agrario en Canarias han pedido a las administraciones públicas mayor acción en la puesta en marcha de soluciones ante una crisis del campo canario que "ha empeorado" y puede generar "su desaparición". 

Tras llevar años encadenando reivindicaciones reiteran que estos problemas económicos, hídricos, burocráticos, climáticos y productivos se han agravado, especialmente el hídrico. En cuanto a este último consideran que desde hace años existe una “falta de planificación” con unas infraestructuras y líneas de suministro "que no pueden soportar el número de población y de turistas que están teniendo las Islas". 

En una rueda de prensa celebrada este miércoles, desde las organizaciones Asaga Canarias, COAG Canarias, UPA y PALCA aseguran mostrarse decepcionados porque "a pesar de las movilizaciones y de los compromisos políticos, salvo determinadas medidas, no se han dado más pasos". Entre las mayores demandas preocupa sobre todo la seguridad alimentaria de las importaciones, la burocracia, el relevo generacional, aplicar la Ley de Cadena Alimentaria o que se garantice el agua a los agricultores ante una crisis hídrica que “no se soluciona en pocos meses”.

“La crisis hídrica no se soluciona en tres días”

Una de las mayores peticiones del sector es que se garantice el agua de riego a los agricultores a través del impulso de infraestructuras hidráulicas para aumentar y optimizar los caudales procedentes de la regeneración y la desalación destinadas a las zonas costeras y de medianías, así como la reparación de conducciones en mal estado para tener una red municipal e insular en buenas condiciones.

En este sentido Sergio Rodríguez, portavoz de PALCA, puntualizó que la crisis hídrica es uno de los problemas más graves y que cuando salió a la luz “todas las administraciones pusieron a la agricultura en el punto de mira como responsable”. Aseguró que en los 33 años de la Ley del Agua “no se ha hecho nada por mejorar el tema hídrico” y detalló que en islas occidentales como La Palma hay "muchos problemas para suministrar el agua al campo en estos meses". En cuanto a Tenerife responsabilizó a los políticos de la situación y añadió que a pesar de que se está trabajando en decretar la emergencia hídrica no se está ejecutando de manera adecuada. 

“La agricultura no va a pagar los platos rotos de lo que está pasando. No vemos ninguna medida para controlar el agua al turismo, y pretenden hacer en pocos meses acciones que deberían de haber trabajado hace años”. Recordó así que hay municipios que están "perdiendo hasta un 50% de agua en sus redes" y puso de ejemplo la depuradora ubicada en Candelaria, la cual explicó que lleva dos años parada.

Problemas con la burocracia

Theo Hernando, secretario general de Asaga Canarias, insistió en la necesidad de que se faciliten y agilicen los trámites burocráticos de los productores, sobre todo a la hora de empezar con la actividad. “Hay una maraña de papeleo que no nos deja ni vivir ni trabajar. Es muy importante simplificar la tramitación desde los ayuntamientos hasta cualquier tipo de administración que tengamos en Canarias”, apuntó. 

También aseguró que ahora mismo existen “muchos expedientes paralizados” y les consta que hay consistorios que tardan hasta tres años en dar licencias de obra o para realizar cualquier tipo de actividad. Puntualizó a su vez que hay jóvenes emprendedores y productores que "están perdiendo subvenciones concedidas" por la falta del otorgamiento de esas licencias municipales.

Hernando apeló también a la unión de turismo y producción local, señalando que el turista solo consume un 30% de dicho producto. “Desde que el turismo y la restauración busquen un poco más los productos locales, el sector agrario tendrá un futuro y será atractivo para los jóvenes”. En este sentido recordó que solo un 12% de los titulares de explotaciones agrarias son menores de 45 años.

“Coladero” de productos

Otra de las mayores demandas del sector agrario es la protección del producto local. En este sentido han reiterado su petición de que se paralice la puesta en marcha de la conexión marítima entre Tarfaya –en Marruecos— con Fuerteventura, ya que consideran que conllevaría "a la entrada de plagas, enfermedades agrícolas y ganaderas, así como de alimentos tratados con productos no aprobados" en la Unión Europea.

“Parece que en este archipiélago la agricultura no le interesa a nadie, porque Tarfaya es tremendamente lesivo para las producciones de las Islas. De hecho, los puertos canarios ya son un coladero", apuntó Sergio Rodríguez. Por ello han exigido el cumplimiento estricto de las normativas de calidad, seguridad y medioambientales a las importaciones de países terceros con un aumento de las inspecciones en las fronteras.

Con la mirada puesta en Europa

En cuanto al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI), Miguel López (COAG) ha recordado que su ficha financiera data del año 2006 y no se ha actualizado "conllevando así a una pérdida de renta". En este sentido se suma a la reivindicación de las asociaciones sobre que se cumpla con el abono del POSEI en su totalidad. 

Por su parte Jorge Pelayo, de UPA, ha señalado que las explotaciones “deben ejecutar una serie de obligaciones para poder cumplir con la normativa, no ser sancionados y acogerse a las ayudas comunitarias” y recordó que la condicionalidad no contempla las especificaciones de una región ultraperiférica como es Canarias, donde es más caro producir. Por ello solicitan al Ministerio esa bajada de la condicionalidad.