La Fundación Puertos de Las Palmas afronta este viernes su complejo escenario administrativo y financiero. A pesar de que la firma BDO Auditores S.L.P. ha bendecido sus cuentas anuales de 2025 con una opinión favorable y sin salvedades, la letra pequeña de los estados financieros revela un desajuste importante en sus costes de personal y un bloqueo burocrático que complica su privatización.
A eso hay que añadirle la auditoría realizada por Puertos del Estado. El informe interno recomienda la disolución por el incumplimiento del acuerdo de privatización, exige un plan de viabilidad por las pérdidas acumuladas y detecta múltiples irregularidades en la gestión actual, desde el despido de la anterior gerente y la contratación de su sustituta hasta el abuso de contratos menores, con posibles fraccionamiento de servicios y adjudicaciones a personas afines, entre otras anomalías.
Los auditores de Puertos del Estado realizaron la inspección interna a finales de enero, y elaboraron su informe definitivo en abril, mientras que la auditoría de BDO a las cuentas de 2025 fue formulada el pasado 22 de junio por la junta directiva de la Fundación, integrada por los patronos privados principales y dos representantes públicos, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, y su director, Francisco Trujillo.
Tercer intento
Esas cuentas se volverán a llevar a la asamblea de patronos este viernes. Es la tercera vez en una semana, tras conocerse las ilegalidades detectadas por Puertos del Estado, que Trujillo y Calzada intentan sacar adelante la aprobación del ejercicio económico.
La conclusión de la auditora privada es favorable, sin salvedades, aunque BDO incide varias veces en la elevada indemnización pagada a la gerente, y, sobre todo, activa un "párrafo de énfasis" para llamar la atención sobre el limbo institucional que vive la entidad.
La Asamblea de Patronos acordó por unanimidad el 27 de junio de 2014 iniciar el proceso para dejar de pertenecer al sector público estatal, pero 12 años después el expediente sigue pendiente de resolución. Aunque esa demora de más de una década no altera la imagen fiel de la entidad, los auditores se han visto obligados a dejar constancia formal de este monumental atasco administrativo. Un plan de privatización que también es cuestionado por Puertos del Estado en su fiscalización paralela.
Un despido de 117.000 euros
Más allá del frente político, la gestión interna de la fundación en 2025 ha estado marcada por una severa crisis presupuestaria. La entidad cerró el ejercicio con un excedente negativo de 198.067,53 euros, agravando los números rojos de 138.660,30 euros registrados el año anterior.
El principal causante de este descalabro financiero se encuentra en la partida de gastos de personal, que sufrió una desviación al alza del 143% respecto a lo planificado.
La fundación tenía previsto gastar 81.908 euros en este concepto, pero el desembolso final se disparó hasta los 199.222,57 euros. La propia memoria de las cuentas anuales explica que este desfase se debió íntegramente a una indemnización por despido no prevista de 117.265,21 euros.
Plantilla
Lo controvertido del asunto radica en que la plantilla media asalariada de la fundación consta de una única persona, que está registrada formalmente como técnico de oficina en la categoría profesional, según los datos de la propia memoria económica.
El despido fulminante de su única empleada, con una indemnización que duplica los costes anuales de personal ordinarios, ha desestabilizado el presupuesto de una institución que este año también vio recortados sus ingresos por patrocinios en 25.000 euros.
Pulso con Hacienda
A este cóctel se suma la regularización contable de su sede principal. La fundación mantiene un pulso con la Delegación de Economía y Hacienda de Las Palmas, que advirtió por escrito a la entidad de que el valor de su edificio sobre suelo de concesión portuaria debía ser nulo en 2028, fecha en la que expira el acuerdo.
La fundación había reducido unilateralmente la amortización anual del inmueble del 3,33% al 2% a partir de 2011, estirando su vida contable más allá de la concesión legal. Tras la advertencia del fisco, la entidad se vio obligada a corregir el cambio y reconocer un deterioro extraordinario de 31.220,61 euros anuales entre los ejercicios 2018 y 2024 para cuadrar el descuadre de años anteriores.
Todo bien, gracias
A pesar de las tensiones institucionales, las pérdidas acumuladas y los inesperados gastos de personal, el equipo auditor contratado por la Fundación concluye que la aplicación del principio de empresa en funcionamiento sigue siendo "adecuada".
Las cuentas de 2025, se aprueben o no este viernes, dejan al descubierto las costuras de una entidad tutelada por la Autoridad Portuaria que lucha por culminar su privatización mientras sufre los rigores de una accidentada gestión interna.
También falta conocer las explicaciones que dará Calzada para corregir las irregularidades señaladas por Puertos del Estado, tal y como se comprometió con los patronos en las anteriores asambleas fallidas.