El complejo escenario legislativo estatal y autonómico, la urgencia de generar suelo disponible y la necesidad de equilibrar seguridad jurídica, acceso a la vivienda y actividad económica marcaron este miércoles la mesa redonda “Un nuevo marco normativo para el acceso a la vivienda”, en el marco del I Congreso de Vivienda de Canarias.
En ella participaron el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández Suárez; la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín Herrera; el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González López; el abogado Francisco Fernández Romero; y Francisco Villar Rojas, redactor de los principales impulsos normativos en materia de vivienda del Gobierno de Canarias.
El debate evidenció una coincidencia transversal. La normativa está cambiando con rapidez y las administraciones necesitan adaptarse para que las oportunidades legales no queden bloqueadas por procedimientos, carencias de personal o rigideces históricas.
Adquirir suelos para construir
Tanto el alcalde de Agüimes como la alcaldesa de Ingenio subrayaron que los ayuntamientos trabajan con limitaciones, pero el nuevo marco normativo ha permitido activar proyectos que antes estaban paralizados, sobre todo en lo que se refiere a la adquisición de suelo. Ingenio, por ejemplo, entregará 100 viviendas este año y prepara suelo para otras 105.
Este avance se debe al nuevo Decreto 3/2025, que persigue activar suelos sin desarrollar, edificios inacabados y áreas tensionadas, según explicó el jurista, Francisco Villar. No obstante siguen habiendo piedras en el camino.
Los plazos administrativos siguen siendo incompatibles con la urgencia habitacional. Villar apuntó que mientras que la ley recoge una tramitación de tres meses, la realidad es que se puede alargar hasta cuatro años. Por lo que los municipios presentes en la mesa han reclamado procesos más ágiles y colaboración entre administraciones para que la vivienda pública y el alquiler asequible puedan crecer al ritmo que exige la población.
Ejemplo de Madrid
Con la intención de conocer otros casos fuera de las Islas, el concejal madrileño se sumó a los municipios grancanarios en la petición de acortar plazos y actualizar normativas que han quedado obsoletas. Madrid, atravesada también por el problema de la vivienda, trabaja en esas cuestiones. “Sin suelo no hay vivienda, y para tener suelo hay que agilizar los procedimientos”, insistió González.
Desde la ciudad madrileña, se han impulsado fórmulas como las colaboradoras urbanísticas, nuevas tipologías como coliving y cohousing y bonificaciones fiscales para reactivar la promoción. Un ejemplo es el Plan Reviva, mediante el cual Madrid reforma viviendas vacías a cambio de gestionarlas temporalmente como alquiler asequible, cubriendo IBI y cuotas de comunidad.
Vivienda vacacional
La vivienda vacacional fue otro de los puntos de debate entre los ponentes, a raíz de la aprobación en el Parlamento Canario de la nueva ley para regularla, el pasado noviembre. Todos llegaron a un consenso: hace falta un equilibrio, sobre todo de cara a distinguir entre pequeños y grandes tenedores.
Villar, en su caso, añadió la necesidad de “diferenciar claramente actividad residencial de actividad económica”, un vacío que, según expresó, ha alimentado la confusión y la ilegalidad. Y recordó que, de todas formas, hay que tener presente que cerrar la VV no implica automáticamente más alquiler para residentes.
Okupación
En el cóctel de temas a tratar no podía faltar la okupación, producto de la falta de seguridad jurídica, que según los municipios y expertos provocan que muchas viviendas no salgan al mercado.
Los allí presentes recalcaron la necesidad de abordar la protección del propietario y la contundencia frente a los casos de okupación — entre ellos incluidos los conocidos como inquiokupas —, analizando caso por caso. “Hay que proteger a las familias vulnerables, pero también al propietario”, remarcó Martín.
Para Villar la respuesta también está en la oferta inmobiliaria: “Si hubiera más vivienda en el mercado, muchos problemas desaparecerían. Pero necesitamos seguridad jurídica para que el sector vuelva a jugar”.
Vivienda pública
Los ponentes coincidieron en que la vivienda pública debe crecer, pero no puede ser la única solución. El sector privado sigue debilitado desde 2008 y necesita condiciones que permitan reincorporarlo.
Además, Fernández señaló un problema estructural: las empresas públicas de vivienda tienen límites de endeudamiento que frenan su capacidad promotora.
Limitar la compra de extranjeros
Otro de los pilares fue la posibilidad de limitar la compra de vivienda a extranjeros, una preocupación que crece en municipios con fuerte presión inmobiliaria. Martín fue directa: “Primero hay que defender lo nuestro. No puede ser que los canarios se queden sin vivienda mientras otros la compran sin dificultad”.
Pero el problema se encuadra en una situación más grande: no se dispone de un marco legal, ni en la normativa española ni en la europea, para limitar estas compras. Solo se dispone de algún que otro criterio que permite controlarlo, como en el caso de Agüimes, que exige antigüedad en el padrón para adquirir una vivienda, además de países que contaban con reservas previas a la Unión Europea, como Malta.
Una oprtunidad para la crisis habitacional
La mesa cerró con un diagnóstico compartido: la normativa está cambiando y se abre una ventana de oportunidad, pero la administración aún no responde al ritmo que exige la emergencia habitacional.
Agilizar trámites, recuperar el suelo parado, incentivar la vivienda vacía y reforzar la seguridad jurídica serán claves para que Canarias pueda ampliar su parque residencial en los próximos años.