El Gobierno de España ha trasladado a Canarias su intención de frenar la ayuda de 400 euros prevista en los Presupuestos autonómicos para los perceptores de pensiones no contributivas (PNC), una medida pensada para reforzar los ingresos de las familias más vulnerables del Archipiélago.
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha informado en comisión parlamentaria de que el Estado ha enviado una carta avisando de que puede ser inconstitucional esa ayuda, que nació como un complemento vinculado a la Renta Canaria de Ciudadanía, diseñado para compensar la falta de avances estatales en la reforma de la Ley de la Seguridad Social que debía clarificar la compatibilidad entre estas ayudas y las pensiones.
Garantizar la compatibilidad
La consejera explicó en el Parlamento que el Ejecutivo autonómico lleva dos años negociando con el Estado para garantizar la compatibilidad de estos complementos sin que afecten al cobro de la PNC, cuya cuantía es muy ajustada y se pierde si se superan límites de ingresos especialmente estrictos.
El Gobierno canario sostiene que esta ayuda busca mejorar las condiciones de las 43.934 personas que en las islas dependen de una PNC, en su mayoría mujeres, y que afrontan un coste de vida más alto debido a la insularidad y a dificultades de acceso a servicios básicos.
Personas con escasos recursos
Canarias se sitúa como la quinta comunidad autónoma con más pensiones no contributivas en términos absolutos, un indicador del peso social de estas prestaciones en el Archipiélago y del impacto que tendría cualquier mejora o recorte.
La sorpresa llegó esta semana, cuando el Ejecutivo central envió una carta advirtiendo de la posible inconstitucionalidad del complemento y de su intención de paralizarlo, pese a estar ya incluido en el Proyecto de Ley de Presupuestos y a dirigirse a personas con escasos recursos.