La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha denunciado en el Parlamento autonómico que el nuevo sistema estatal de reparto de financiación de la dependencia supondrá para Canarias una pérdida de 12,4 millones de euros, pese a que el Archipiélago se encuentra entre las comunidades que más han mejorado sus indicadores de atención durante el último año.
Mejora de los indicadores
Para la consejera es “injusto” que el Estado “castigue financieramente” a Canarias después de haber reducido de forma significativa los tiempos de espera y las listas del sistema de dependencia, ha señalado en una comparecencia sobre valoración de la gestión de la dependencia y las medidas puestas en marcha.
Según explicó, el tiempo medio de resolución de expedientes ha pasado de 782 días en julio de 2023 a 354 días en la actualidad, mientras que la lista de espera se redujo en 1.911 personas durante el primer trimestre del año. Además, el denominado limbo de la dependencia descendió un 5,1%, la mayor bajada registrada en España.
La consejera también destacó que Canarias lidera el crecimiento nacional en personas beneficiarias con prestación, con un incremento del 13 %, y en personas con derecho reconocido, con una subida del 5,4%.
Críticas al nuevo modelo de financiación
Durante su intervención, Delgado recordó que la Ley de Dependencia establece que el Estado debe financiar el 50 % del sistema, un compromiso que, según afirmó, sigue sin cumplirse.
A esta situación se suma ahora la incorporación de un nuevo “factor de corrección” del 10 % en el reparto estatal, un criterio que, según el Gobierno canario, perjudica especialmente al Archipiélago y provocará una reducción del 32,3 % respecto a la financiación que le correspondería recibir. “Parece que cuando mejor lo hacemos en Canarias, más trabas nos ponen desde fuera”, afirmó la consejera.
Posible recurso judicial
Ante esta situación, Delgado anunció que el Ejecutivo autonómico estudia acudir a los tribunales si el Estado mantiene el actual modelo de reparto. La consejera aseguró que no se trata de reclamar privilegios, sino de defender los recursos destinados a las personas dependientes de Canarias y garantizar un reparto “justo y legal”.