El Gobierno de Canarias ha cerrado el acuerdo extrajudicial que negociaba desde el año pasado con las empresas del sector turístico para liquidar definitivamente el contencioso derivado de la moratoria. El pacto fija una compensación global de 485 millones de euros para el conjunto de las promotoras afectadas y elimina la obligación de catalogar como rústicas las parcelas urbanas afectadas durante el plazo de cinco años estipulado en la controvertida normativa.
Lopesan, el gran beneficiado
El gran beneficiado de este marco transaccional es el Grupo Lopesan, que recibe 300 millones de euros debido al elevado número de proyectos que tiene frenados en Fuerteventura y el sur de Gran Canaria, especialmente en Meloneras. Las fuentes consultadas confirman que el dinero ha sido transferido este martes.
La corporación encabezaba el contencioso con 31 de los 45 recursos registrados contra la administración autonómica, promovidos a través de las sociedades Hijos de Francisco López Sánchez, Dehesa de Jandía, Maspalomas Golf, Maspalomas Resort y Lopesan Touristik, con reclamaciones iniciales que alcanzaban los 843 millones, según los cálculos realizados por fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, con Javier Varona como presidente de la sección en Las Palmas que llevaba esos pleitos, fue la que abrió la puerta a las indemnizaciones por la reclasificación temporal de los suelos realizada por las empresas, sin pronunciarse sobre la cuantía final a pagar.
Corría entonces diciembre de 2015 y el Tribunal Supremo, sin entrar en el fondo del asunto, ratificaba por dos votos a uno que los empresarios tenían derecho a solicitar las compensaciones, las cuales quedaron pendientes de concretarse en el trámite de ejecución de sentencia.
Y eso es lo que lleva negociando la administración durante la última década, con Lopesan como avanzadilla del acuerdo. La no reclasificación a suelo rústico, además, permite a la empresa desbloquear y conservar los derechos sobre su cotizada bolsa de suelo urbanizable. Sólo en San Bartolomé de Tirajana hay tres hoteles en marcha, todos entre Meloneras y Pasito Blanco.
Un reguero de indemnizaciones
El volumen de reclamaciones restantes incluye a otras compañías del sector con cuantías de diversa consideración. Entre los fallos con indemnización prefijada figuraban el Centro Helioterápico de Canarias de Teo Gerlach, con 38,2 millones de euros; Técnicos y Servicios Insulares, con tres recursos por 12,7 millones; el Grupo Satocan, con 10,2 millones; Anfi Tauro, con 7,2 millones; Alidana Fuerteventura, con 7,1 millones, y Puerto Rico SA, con 7,08 millones de euros.
Otras entidades con recursos estimados o pendientes de cuantificar son Katanga Inversiones, Unimadoc, Urena Mountain, la familia del Castillo y el Ayuntamiento de Pájara.
El enredo de Paulino Rivero
El origen de la contingencia económica —cuyo riesgo potencial acariciaba los 1.000 millones de euros sumando intereses— se encuentra en el artículo 17.1 de la Ley de Medidas Urgentes sobre Ordenación y Dinamización del Turismo de 2009, promulgada durante la presidencia de Paulino Rivero y con Domingo Berriel al frente de Política Territorial. Dicha ley buscaba mitigar las reclamaciones provocadas por la primera moratoria turística, aprobada en 2001 bajo el mandato del entonces presidente Román Rodríguez, y concretada en la Ley de Directrices de 2003.
La Comunidad Autónoma ganó la primera tanda de reclamaciones por la primera moratoria en el Tribunal Supremo, pero el giro introducido por el gabinete de Rivero en 2009 enmarañó el escenario legal. La norma, antes de que se derogase el polémico artículo 17.1, permitía solicitar indemnizaciones económicas a cambio de clasificar temporalmente los terrenos turísticos como rústicos.
El conflicto se desencadenó porque el Gobierno regional no dio respuesta formal a los expedientes de los empresarios dentro del plazo legal.
Varapalo judicial y silencio positivo
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, con Varona como ponente, concluyó que la falta de respuesta institucional conllevaba un silencio administrativo positivo, un criterio ratificado luego por el Supremo para condenar a la Comunidad Autónoma a ejecutar las compensaciones.
En sus argumentos, el TSJC tildó de "extravagante" el planteamiento de declarar rústicos terrenos urbanizados, con asfaltado, alumbrado y servicios, como ocurre en Meloneras, Pasito Blanco o Taurito, para volverlos a recalificar como urbanos cinco años después, obligando a indemnizar previamente a las promotoras.
Con el bolsillo de todos
Como ocurre con cualquier reclamación patrimonial, los errores de la administración los paga el bolsillo del ciudadano. De ahí que cueste ver el acuerdo alcanzado como un logro a celebrar por el Gobierno de Fernando Clavijo.
Para situar al lector, en los cuatro primeros meses de 2026, Canarias ha recaudado 1.038 millones de euros por el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), casi la misma cantidad que reclamaban inicialmente los empresarios por la congelación de sus derechos urbanísticos.
Ese importe bajó con la ejecución forzosa de los expedientes exigida por el TSJC y las negociaciones emprendidas, hasta situarse finalmente en esos casi 500 millones, explican fuentes del Ejecutivo.
Y eso sí es un mérito de Clavijo y del equipo actual de Política Territorial, que heredaron el problema de Román Rodríguez y de Paulino Rivero y han sabido cerrar 25 años de pleito por el modelo turístico.
Triunfan, por ahora, y como casi siempre, los hoteles.
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