La presión judicial sobre el Grupo Lopesan y su filial Costa Canaria de Veneguera SA se intensifica con la apertura y consolidación de tres frentes penales independientes: uno en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana, que está a punto de transformarse en procedimiento abreviado para ir a juicio por daños al patrimonio, y los otros dos en la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas, con sendos encargos a la Guardia Civil para verificar la legalidad de las obras ejecutadas recientemente en Veneguera, uno de los pocos espacios naturales del sur de Gran Canaria libre de construcciones turísticas.
Las pesquisas abarcan desde la destrucción de patrimonio arqueológico prehispánico catalogado por el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, hasta las alteraciones del cauce del barranco, la masa vegetal y el perfil natural de la playa, que está ubicada en el municipio de Mogán, dentro del Parque Rural del Nublo, y tiene la consideración de Reserva de la Biosfera.
El antecedente de 2023
El primer frente de este entramado judicial se remonta a 2023 y se instruye en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana. Su origen reside en un expediente sancionador incoado por la Comunidad Autónoma, cuya Agencia Canaria de Protección del Medio Natural impuso una multa de 120.000 euros a la mercantil por infracciones graves contra el patrimonio histórico.
Los atestados de la Policía Canaria y los informes de Patrimonio han acabado en el juzgado debido a la importancia de los daños causados. La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno regional, tras una inspección conjunta con el Cabildo, concluyó que los desmontes y el ataluzado de la ladera provocaron daños irreversibles y muy graves en la Zona Arqueológica Cañada de la Mar, declarada Bien de Interés Cultural (BIC).
La inspección constató la destrucción casi total de cuatro estructuras de piedra seca, con la pérdida o riesgo de extravío definitivo de depósitos y materiales en superficie como cerámica, industria lítica, moluscos marinos y restos óseos de fauna terrestre.
Asimismo se verificó que la maquinaria aplanó parte del bien inventariado en el yacimiento Playa de Veneguera-Fortaleza.
Modificación del cauce
No son, en cualquier caso, hechos aislados. Lopesan, tras llegar a un acuerdo con el Cabildo para explotar las fincas agrícolas en desuso del valle, lleva más de dos décadas sorribando y plantando, es decir, transformando el terreno para maximizar sus cultivos, con los que surte de frutas a los hoteles del grupo.
Esos cambios no se han hecho mediante la presentación de un proyecto integral, sino por fases y obras aisladas, sin calificación ambiental, las cuales han sido autorizadas por el Ayuntamiento de Mogán y el Consejo Insular de Aguas. Este organismo, que tiene la competencia en los barrancos, pertenece al Cabildo, la administración responsable de gestionar el espacio protegido y, por tanto, responsable de lo que se hace o se deja de hacer en el valle.
Los archivos de fotos aéreas (ortofotos) revelan que el cauce del barranco se ha ido modificando con cada actuación: antes el camino natural discurría por medio de las fincas y desembocaba en la playa, pero ahora se ha desviado hacia la izquierda para sacarlo de la hacienda, construyendo una nueva vía de acceso público para llegar hasta la playa. Esta especie de servidumbre de paso queda debajo de la propiedad, casi a la misma altura que el reducido lecho.
También se ha iniciado la construcción de dos puentes para salvar el desnivel y conectar las fincas con la carretera privada que Lopesan tiene en la zona de Tabaibales.
La empresa, tras una denuncia de Ben Magec, fue multada en 2017 por realizar desmontes sin autorización. La sanción ascendió a solo 6.000 euros, pero fue premonitoria de lo que estaba por venir: en 2023 llegaron los 120.000 por los daños arqueológicos y ahora se vuelven a producir hechos similares, aunque más graves por afectar también a la zona de dominio público marítimo-terrestre, es decir, a la playa.
Daños constatados
A esa causa de 2023 se le suman las dos investigaciones en la Fiscalía abiertas este verano. Una se centra en la alteración del litoral y el cauce del barranco, con el uso de maquinaria pesada en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT), sin evaluaciones ambientales ni títulos habilitantes, destruyendo el talud original de la playa y sepultando áridos en el antiguo aparcamiento, y la otra indaga en los destrozos de las estructuras arqueológicas de la zona, con informes del Cabildo que confirman esos daños.
En ambos casos se investiga la tala de vegetación autóctona de alto valor ecológico, como tarajales en el cauce y tabaibales centenarios en las laderas, al tiempo que la Demarcación de Costas de Canarias impulsa un expediente sancionador contra la empresa promotora por las actuaciones no autorizadas en la playa.
Reacción social
Las denuncias han reavivado la movilización ciudadana y el histórico espíritu del movimiento Salvar Veneguera, que antes de llegar Lopesan logró frenar el desarrollo turístico del barranco.
El pasado domingo, la federación Ben Magec-Ecologistas en Acción promovió una visita e inspección sobre el terreno para exigir la paralización de las obras y denunciar que, bajo el paraguas de un supuesto plan de "renaturalización", se ejecuta una transformación territorial no permitida en un espacio catalogado como Reserva de la Biosfera.
También se han realizado concentraciones ante el Cabildo y la sede del grupo empresarial.
Todo legal
El Grupo Lopesan ha reiterado en un comunicado la legalidad de sus intervenciones, alegando que las actuaciones responden a licencias municipales otorgadas por el Ayuntamiento de Mogán y autorizaciones del Consejo Insular de Aguas para garantizar la seguridad hidráulica y la recuperación agrícola de sus fincas tras los temporales.
La compañía confía en demostrar la corrección de sus proyectos ante las autoridades judiciales si llega el caso.
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