El Gobierno de Canarias no puede validar el Plan Parcial Meloneras 2A porque una de las parcelas incluidas en el desarrollo turístico del sector está condicionada por una sentencia que obliga a reclasificar ese suelo como rústico.
El fallo judicial fue dictado en diciembre de 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), está confirmado por el Tribunal Supremo (TS) y nace de una reclamación de Lopesan por los efectos de la moratoria turística.
Negociación
La sentencia establece que la administración debe reclasificar el suelo a rústico, abriendo la posibilidad de indemnizar al perjudicado por el cambio de uso en su terreno.
Las partes negocian un acuerdo extrajudicial que desbloquee el uso de la parcela, pero aún no está cerrado y debe ser ratificado por el TSJC para cumplir con el trámite de ejecución de sentencia.
Incumplimiento
En ese contexto, Política Territorial inició los expedientes para reclasificar diferentes parcelas afectadas por la moratoria, entre ellas la 3 APHB del Plan Parcial Meloneras 2A, pero ha concluido que no se puede incorporar a ese sistema de ordenación porque existe un incumplimiento del ordenamiento jurídico, es decir, antes hay que ejecutar la sentencia del TSJC.
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, pese a ese informe desfavorable de Política Territorial, siguió adelante con la tramitación del Plan Parcial, y lo aprobó de manera definitiva el pasado día 6 de mayo. Esta misma semana, sin embargo, el Gobierno de Canarias le ha notificado que tiene un mes para anularlo.
Posturas
El requerimiento de anulación es de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia, que depende de Presidencia, y está basado en los informes de Política Territorial, con la advertencia de impugnar el acuerdo plenario en los juzgados si la administración local no revoca el Plan Parcial.
"Estamos tranquilos porque hemos hecho las cosas como se debe y es el Gobierno el que debe aclarar la contradicción", explica una portavoz de San Bartolomé.
La representante municipal apela a un tercer acuerdo que resuelve la situación de la parcela, pero ni Presidencia ni Política Territorial han confirmado la existencia del mismo. Sí hay convocadas reuniones la semana que viene para abordar el asunto.
Realidad
A día, por tanto, existe un requerimiento para anular todo el Plan Parcial Meloneras 2A, lo que deja en el aire una inversión pública y privada superior a los 700 millones, con cinco nuevos hoteles, zonas verdes y la mejora de la movilidad en todo el sector, entre otros proyectos.
Si no se alcanza una solución pactada, el Ayuntamiento tiene dos opciones: mantener la aprobación del proyecto y pelear su legalidad en los juzgados con el Gobierno de Canarias, o volver a modificar el Plan General de Ordenación Urbana de San Bartolomé de Tirajana de 1996, en este caso para sacar la parcela afectada por la sentencia que obstaculiza el desarrollo turístico de Meloneras.
Esto último parece improbable porque la intención del promotor es agrupar parcelas para mejorar los aprovechamientos urbanísticos y poder levantar cinco hoteles, con las correspondientes compensaciones municipales para hacer zonas verdes, viales y equipamientos públicos.
En ese espacio, que tiene 54.070 metros cuadrados de superficie, Lopesan quiere levantar uno de sus cinco hoteles, pero el terreno está condicionado por unasentencia que obliga a reclasificar el suelo a rústico.