Canarias se encuentra en una encrucijada crítica para el desarrollo de su industria energética. Diversos agentes del sector, reunidos en la jornada Pulso a la eólica marina organizada por el Clúster Marítimo de Canarias (CMC), han constatado que el Archipiélago se enfrenta a un riesgo inminente de desinversión.
La causa principal señalada por expertos y autoridades es la pérdida de oportunidad derivada del bloqueo normativo y la demora en la publicación de la orden de subasta por parte del Estado.
Durante el encuentro, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), se puso de manifiesto que la incertidumbre regulatoria está provocando un cambio de tendencia en el capital. Guillermo Ramos, secretario del CMC, explicó que la industria local lleva tiempo preparándose para un despliegue rápido, pero el escenario ha cambiado.
Según Ramos, existe un evidente desencanto de los promotores, que han dejado de visitar las Islas para interesarse por los desarrollos y están destinando sus recursos a otros emplazamientos donde el marco legal sí ha avanzado.
El coste de la inacción
La advertencia fue secundada por Juan Virgilio Márquez, CEO de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), quien subrayó que la inacción administrativa tiene un coste directo en la competitividad. Márquez destacó que países competidores como Francia, Reino Unido o Noruega llevan tiempo apostando firmemente por este mercado. El directivo advirtió que aquellos territorios que no se posicionen ahora, perderán su hueco cuando la tecnología sea masiva.
El sector asegura estar listo. La cadena de valor, incluyendo un colectivo de proveedores enfocados en construir soluciones de flotación, ha realizado los deberes previos. Sin embargo, desde la AEE insisten en que dilatar los plazos tendrá consecuencias industriales irreversibles, impidiendo aprovechar el trabajo de posicionamiento realizado durante años.
Un impacto millonario
La jornada sirvió para actualizar las cifras del impacto económico que tendría el despliegue de 500 megavatios (MW) de eólica marina flotante entre 2026 y 2040. El informe, elaborado por la economista María Dolores Rodríguez Mejías, dibuja tres escenarios según la integración de la industria local. En un escenario intermedio y viable, con un 50% de participación local, la aportación acumulada al Producto Interior Bruto (PIB) alcanzaría los 9.515 millones de euros.
Este modelo intermedio supondría la creación de una media de 5.343 puestos de trabajo equivalentes al año, de los cuales más de 2.200 serían empleos estables. Si se lograra un escenario aspiracional de alta participación local (75%), la contribución económica se dispararía hasta los 14.239 millones de euros, generando más de 8.000 empleos anuales. Por contra, un escenario de baja participación (25%) dejaría el impacto en 4.746 millones.
Críticas políticas al Estado
Desde las administraciones públicas canarias, la crítica a la gestión de los tiempos fue unánime. Julieta Schallenberg, viceconsejera de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, lamentó que las expectativas generadas inicialmente no se hayan cumplido. Schallenberg recordó que, debido al territorio limitado de las Islas, la eólica marina es esencial para la descarbonización y para cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Por su parte, Raúl García Brink, consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, utilizó un tono más duro al calificar la situación actual de "estado de hibernación inaceptable".
García Brink criticó que se esté espantando a los inversores tras el "apagón" administrativo. "Tenemos la sensación de que han cambiado las prioridades, o se les han apagado las neuronas", sentenció el consejero, lamentando que esta contracción del mercado ocurra cuando en Gran Canaria existe un consenso unánime.
Inversión en puertos
Para materializar estas cifras económicas, el estudio recuerda que no basta con la instalación de potencia, sino que es necesario integrar actividades industriales y logísticas en el territorio. En este sentido, se cuantifica una necesidad de inversiones habilitantes en infraestructuras portuarias por valor de 298 millones de euros.
De esta cifra global, 240 millones corresponderían a inversión pública y 58 millones a privada. Estas partidas no forman parte del coste directo de los parques, pero se consideran imprescindibles para permitir las operaciones logísticas complejas que requiere el sector. Además, se estima que la actividad generaría unos ingresos por tasas portuarias cercanos a los 25,7 millones de euros.
Autoevaluación con IA
Como novedad técnica, durante el evento se presentó una herramienta basada en inteligencia artificial para que las empresas canarias midan su capacidad ante el desarrollo eólico. Diseñada por técnicos del CMC, esta aplicación permite a las compañías analizar su nivel de madurez en perfiles profesionales, maquinaria y certificaciones, ofreciendo informes personalizados para detectar brechas de capacidad y mejorar la competitividad del tejido empresarial local.