El Gobierno de Canarias ha alzado la voz frente al nuevo Reglamento de Control Pesquero de la Unión Europea, al considerar que la normativa no protege ni se adapta a la realidad de la flota artesanal del Archipiélago. El Ejecutivo autonómico ha mostrado su respaldo a las cofradías de pescadores canarias, que este lunes se han sumado al paro nacional del sector en protesta por un marco regulatorio que consideran rígido e inadecuado para las regiones ultraperiféricas (RUP).
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, advirtió de que el nuevo régimen comunitario puede tener consecuencias graves para la pesca de bajura en Canarias, integrada mayoritariamente por embarcaciones pequeñas y tripulaciones reducidas.
A su juicio, la normativa genera “una desconexión total con la realidad operativa del sector”, además de inseguridad jurídica, mayor riesgo de accidentes y la posibilidad de sanciones arbitrarias.
Preavisos que no encajan en Canarias
Entre las medidas más polémicas del reglamento, en vigor desde el 10 de enero de 2026, se encuentra la obligación de comunicar la llegada a puerto con al menos cuatro horas de antelación para buques de 12 metros o más, incluso cuando faenan a escasos minutos de la costa. El Gobierno canario subraya que esta exigencia supone un cambio sustancial respecto a la recomendación de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), que contempla plazos más cortos de notificación.
A ello se suma la obligación de que los barcos de entre 12 y 15 metros cuenten con dispositivo VMS y Diario Electrónico de A Bordo, en el que deben registrarse todas las capturas desde el “kilogramo cero”. Para el Ejecutivo autonómico, se trata de una carga tecnológica y administrativa inasumible para muchas embarcaciones artesanales.
El Gobierno de Canarias recuerda que ha trasladado en repetidas ocasiones estas preocupaciones a las instituciones comunitarias, tanto por vía técnica como política. El propio consejero abordó esta cuestión directamente con el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, durante una reunión celebrada en Bruselas el pasado mes de octubre.
En línea con las demandas de las cofradías, el Ejecutivo autonómico reclama exenciones o adaptaciones específicas para la flota de bajura, especialmente para las embarcaciones menores de 15 metros que realizan mareas inferiores a 24 horas en aguas territoriales. También solicita que se reconozca como sistema equivalente y válido el futuro sistema canario de geolocalización de artes pasivos, evitando duplicidades tecnológicas inviables.
Defensa del sector
Canarias insiste en que cualquier normativa europea de control debe aplicar de forma efectiva el principio de proporcionalidad y reconocer el estatus de región ultraperiférica, garantizando la viabilidad económica y social de un sector clave para muchas comunidades costeras del Archipiélago.
El Ejecutivo autonómico considera que, sin estas correcciones, el nuevo Reglamento de Control Pesquero puede convertirse en una amenaza directa para la pesca artesanal, una actividad tradicional que sostiene empleo, identidad y economía local en las islas.