La idea de que la isla de Tenerife tenga su propia central hidroeléctrica ha cobrado fuerza esta semana. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagaesen, tenía previsto un viaje de dos días para la inauguración de la interconexión submarina entre Tenerife y La Gomera y, de paso, iba a dar información sobre el “inicio de la tramitación de la central hidroeléctrica de Güímar”. La grave situación meteorológica en la península imposibilitó el viaje de la ministra, pero la mera perspectiva del anuncio significó una posibilidad real de que el proyecto comenzara a andar.
A lo largo de los últimos años, la idea de usar los grandes socavones que dejó la extracción ilegal de áridos en Güímar para crear los saltos de agua necesarios para una central hidroeléctrica se ha planteado en el ámbito político, aunque sin un plan todavía sobre la mesa, o al menos no de forma pública. El hecho de que se tratara de terrenos judicializados aumentaba la cautela a la hora de hablar del proyecto.
Los socavones de Güímar como oportunidad
Ahora, pese a que la ministra no pudo dar la información, la Consejería de Transición Ecológica ha encargado a Gesplan un estudio para recuperar las grandes zanjas que quedaron tras la extracción en Güímar, con el objetivo de analizar soluciones viables desde el punto de vista ambiental para la puesta en marcha de la central, según informó a Efe el consejero Mariano H. Zapata.
Lo que se ha planteado es que los huecos sean usados como balsas donde almacenar el agua necesaria para generar la energía; además, se usarían los áridos de la construcción para rellenar los huecos restantes, intentando dar una respuesta lo más adecuada posible a uno de los atentados ambientales más relevantes de los últimos años, desde el punto de vista de Zapata.
Tramitación, suelo e inversión
Todos los inconvenientes relacionados con la calificación del suelo y los recursos judiciales, aseguró Zapata, se han desarrollado “de manera discreta” y están “prácticamente resueltos”, aunque aún no al cien por cien. Según sus estimaciones, el impulso de la central requeriría una inversión de entre 1.000 y 1.200 millones de euros.
Pero si se tienen en cuenta los antecedentes de la central hidroeléctrica de Chira-Soria, que está en construcción en Gran Canaria, la puesta en marcha de su homóloga en Tenerife podría tardar décadas. Desde que surgieron las primeras ideas de construcción hasta que las obras comenzaron pasaron casi 30 años. Un breve repaso por el caso de Chira-Soria ejemplifica la complejidad del proceso.
El precedente de Chira-Soria
La idea de aprovechar los embalses de Chira y Soria para una central hidroeléctrica de bombeo reversible tiene antecedentes desde finales de los años 90 y principios de los 2000, pero la tramitación formal empezó a consolidarse con la convocatoria de 2011, publicada por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, mediante la cual se abrió un concurso público para la concesión administrativa de los derechos de uso de las aguas embalsadas con fines hidroeléctricos y se adjudicó esa concesión a Endesa Generación.
Este anuncio en el Boletín Oficial del Estado estableció las bases para el aprovechamiento hidroeléctrico entre los embalses de Soria (como depósito inferior) y Chira (como depósito superior), así como la instalación de las infraestructuras necesarias.
Cambios de titularidad y ajustes técnicos
Posteriormente, la propiedad del proyecto se subrogó a Red Eléctrica de España (REE) en 2014-2015, cuando Endesa transmitió el proyecto al operador del sistema eléctrico. Este formalizó la cesión del uso de las aguas del embalse de Chira por 25 años, con prórroga posible, para desarrollar el sistema hidroeléctrico reversible de aproximadamente 200 megavatios de potencia, así como la conexión mediante una línea eléctrica de alta tensión con la red insular.
Durante los años siguientes, Red Eléctrica fue reformando y actualizando el proyecto técnico y sus estudios ambientales para adaptarlo a los requisitos administrativos y responder a las alegaciones recibidas. El expediente evolucionó con distintas versiones del proyecto —incluidas versiones modificadas— que fueron objeto de procesos de información pública y consultas a administraciones y particulares, como consta en los anuncios publicados en 2020 sobre la ampliación de plazos para estos trámites.
Hitos administrativos clave
Un hito clave en la tramitación fue la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental favorable, publicitada en julio de 2021 por la autoridad ambiental de Canarias, que evaluó el Proyecto Reformado del Proyecto de Construcción, Modificado II, promovido por REE con el fin de almacenar energía renovable y mejorar la flexibilidad del sistema eléctrico insular.
Finalmente, en noviembre de 2021, el Gobierno de Canarias aprobó la “Declaración de Interés General” de la central hidroeléctrica de bombeo, facilitando la obtención de las autorizaciones administrativas necesarias para acometer su construcción. Esta declaración se sumó a la autorización administrativa y a la declaración de utilidad pública, concedidas también a finales de 2021, tras años de tramitación con sucesivas versiones del proyecto y la respuesta a alegaciones y requerimientos técnicos.
Un proyecto a medio plazo
Las obras de la central Chira-Soria todavía continúan y son el ejemplo perfecto de cómo una infraestructura de este tamaño requiere años de tramitación antes de entrar en funcionamiento. Por ello, hablar de una central hidroeléctrica de bombeo similar en Güímar es plantear un proyecto a medio plazo. La pregunta que se hacen algunas fuentes del sector energético es si, antes de que la futura central comience a operar, no sería necesario impulsar proyectos de almacenamiento de energía, ya que Canarias tiene un grave problema de vertidos de energía renovable.