El Clúster Audiovisual de Canarias ha querido mandar un mensaje de calma tras las recientes informaciones sobre inspecciones de la Agencia Tributaria a las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) vinculadas a grandes rodajes. En un comunicado, la entidad asegura mantener su “absoluta tranquilidad” respecto a la inversión en el sector audiovisual y subraya que estas figuras jurídicas son totalmente legales y reconocidas.
La organización recuerda que las AIE están contempladas por la normativa española y han sido decisivas para atraer a las islas superproducciones internacionales. “Los inversores deben estar tranquilos y seguir mirando al sector audiovisual como una oportunidad única”, señala el presidente del Clúster, Rubén Zarauza.
El respaldo de la Audiencia Nacional
El argumento central del Clúster es la sentencia dictada en enero de 2025 por la Audiencia Nacional, que reconoció que las AIE pueden tener la condición de coproductoras cinematográficas “a todos los efectos”. El fallo anuló una liquidación de 22,5 millones de euros impuesta a la AIE Furia de Titanes II y obliga a devolver más de 100 millones de euros a inversores de grandes producciones.
El tribunal fue contundente: la Agencia Tributaria no puede contradecir los actos y certificaciones del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), como la inscripción en el Registro de Empresas Cinematográficas o la calificación oficial de una película. En su fallo, exigió además mayor coordinación entre administraciones y remitió a la doctrina del Tribunal Supremo sobre el respeto a los criterios de organismos competentes.
Inspecciones habituales
El Clúster recuerda que las inspecciones de la Agencia Tributaria forman parte de la actividad normal de control de la Administración, al igual que sucede con el IRPF, el IGIC o cualquier otro impuesto. “No deben interpretarse como un factor de inseguridad”, subraya el comunicado, que recalca que en la mayoría de casos las comprobaciones han terminado sin sanciones.
Desde el sector se advierte que algunos artículos recientes en medios nacionales han alimentado la sensación de riesgo basándose en “rumores o supuestos no confirmados judicialmente”. Para el Clúster, este tipo de informaciones pueden distorsionar la percepción de Canarias como destino de rodajes y generar dudas innecesarias entre inversores y productoras.
Un modelo reconocido
La organización insiste en que Canarias no recibe un trato de favor respecto a la Península, sino que cuenta con un Régimen Económico y Fiscal propio (REF), recogido en la Constitución y respaldado por la Unión Europea en el artículo 349 de su Tratado de Funcionamiento, por su condición de región ultraperiférica.
Además de las AIE, el comunicado señala que existen otras fórmulas para incentivar la inversión en cine, como el contrato de financiación regulado en el artículo 39.7 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. En 2023, el propio Clúster presentó una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos para aclarar la participación de inversores peninsulares en esta modalidad, que permite aplicar directamente deducciones por producciones audiovisuales y espectáculos sin necesidad de recurrir a una AIE.
Industria estratégica para Canarias
El Clúster recuerda también que el sector audiovisual fue declarado estratégico por el Parlamento de Canarias en 2009, y que en 2024 el Gobierno de Canarias lo incluyó dentro de las 14 áreas prioritarias para la diversificación de la economía regional. Esta consideración, afirman, respalda la necesidad de mantener un marco fiscal estable y atractivo para consolidar a las islas como un referente en el panorama internacional.
Los datos avalan su crecimiento: en 2024 los rodajes en Canarias dejaron 218 millones de euros de ingresos directos, un 49,6 % más que en 2023, y generaron 14.675 contrataciones de trabajadores locales, un 40 % por encima del año anterior.
Compromiso con la sostenibilidad
El comunicado del Clúster concluye recordando que representa a 120 empresas y entidades asociadas en el Archipiélago y que su apuesta por el cine no se limita al ámbito económico. La organización asegura que no concibe una industria audiovisual que no respete la normativa vigente ni los principios de sostenibilidad ambiental, igualdad de género y desarrollo social.
“El sector audiovisual en Canarias es sinónimo de diversificación económica, creación de empleo y atracción de talento. Nuestro compromiso es velar por su consolidación y por la seguridad de los inversores que confían en nuestra tierra”, remata el texto.